La decisión de la Diputación de Gipuzkoa de aceptar el resultado de la consulta popular celebrada en Igeldo el pasado mes de noviembre y, por tanto, de validar la posición mayoritaria de convertirse en municipio, constituye un ejercicio de respeto a la voluntad de los vecinos y vecinas del enclave. No va más allá de esa asunción democrática. Sin embargo, nada más conocerse originó una fuerte controversia en un país en el que cada vez resulta más infrecuente que sus representantes institucionales escuchen y atiendan lo que demanda la ciudadanía.

Es poco frecuente y también motivo de crítica por parte de aquellas formaciones que tanto en el ámbito local como en el nacional son contumazmente reacias a aceptar que una sociedad políticamente madura pueda decidir sobre su futuro. En este sentido, la reacción de los representantes del PSE y del PP en el Ayuntamiento de Donostia, además de innecesariamente bullanguera, es irrespetuosa con los habitantes de Igeldo y refleja una concepción restringente de la democracia. Cuando Ernesto Gasco se refiere a «ese nuevo municipio que Garitano acaba de crear» obvia sin rubor que la decisión de desanexionarse de la capital guipuzcoana la han tomado las personas que residen en Igeldo y que el diputado general se ha limitado a darle sello oficial cumpliendo con su palabra. Quizá sea este hecho el que enerve al portavoz del PSE. En este ámbito, poco podía esperarse de esos dos partidos, y quizá por ese motivo llame más la atención la negativa del PNV a considerar a los igeldotarras mayores de edad con argumentos similares a los que el unionismo expone respecto a la libre determinación de Euskal Herria.

La democracia no puede compartimentarse en función de intereses partidistas o del tamaño del sujeto que pretende ejercerla. La desanexión de Igeldo no es, como algunos sostuvieron ayer, un ataque a Donostia, igual que la independencia de Catalunya –o de Euskal Herria– no sería una agresión a España, sino la plasmación de un deseo mayoritario, legítimo y democrático de sus habitantes. Y tratar de impedirlo es simple y llanamente un ejercicio de imposición antidemocrática.