La suspensión del debate y el voto en el Parlamento Europeo sobre las recomendaciones a la negociación del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y EEUU (TTIP) hacen que lo que esconden estas siglas siga siendo una incógnita, además de acrecentar la desconfianza en torno a la gestión de dicho acuerdo. El secretismo con que se está desarrollando la negociación y la inexistencia de información pública al respecto llevan, además, a cuestionarse sobre los intereses a los que verdaderamente responde.

La falta de transparencia por parte de la Unión Europea para con sus representantes políticos y, por ende, para con el conjunto de la ciudadanía, además de ser deplorable, demuestra un talante claramente antidemocrático. Es más, el hecho de que el presidente del Parlamento Europeo pospusiera la votación y el debate escudándose en un detalle normativo sobre el número de enmiendas cuando, casualmente, era más que probable que no contara con los apoyos necesarios para que saliera adelante, deja en bastante mal lugar a la cúpula de la europea. A ello se añade el oscurantismo que rodea la negociación del TTIP, hasta el punto de que los europarlamentarios cuentan con numerosos obstáculos para acceder a su contenido. Y, además, quienes lo consiguen solo tienen acceso a él por unas horas en una sala en la que permanecen acompañados –más bien vigilados– por un funcionario en todo momento.

Cuestiones que hacen que sean muchos los interrogantes que surgen sobre un tratado del que se desconocen los objetivos y las consecuencias que pueda traer consigo, aunque se intuye que la prioridad dista mucho de estar en el bienestar de la ciudadanía, toda vez que se ha gestado a sus espaldas y se dificulta el debate público sobre el mismo incluso a los representantes políticos de una de las partes implicadas en la negociación. Con todo, antes incluso de su aplicación, priva a la ciudadanía de derechos básicos en beneficio de intereses que mantienen ocultos.