Una ciudadanía plena para construir una sociedad mejor
2018/06/11

La ciudadanía vasca volvió a demostrar ayer su dinamismo social y la voluntad política de construir su futuro en democracia y libertad. Unas 175.000 personas volvieron a dejar claro que el pueblo vasco quiere poder votar para decidir cómo se organiza, qué relaciones tiene tanto entre sus territorios como con sus vecinos, qué ambiciones mueven a sus gentes y cómo se quiere proyectar en el mundo. Una multitud expresó a través de una gigantesca cadena humana que quiere pertenecer a un país normal en el que la voluntad mayoritaria de la sociedad sea un valor supremo. La sociedad vasca volvió a pedir respeto.

El trabajo realizado por Gure Esku Dago y por sus voluntarios y voluntarias es formidable. Ha renovado compromisos y militancias, ha vinculado a diferentes generaciones, ha roto esquemas partidarios y ha ilusionado a miles de personas en todo el país.

La sociedad vasca, también la catalana, lleva años movilizándose permanentemente, y continuamente vota en un sentido claro: quiere poder decidir libremente su futuro. No poder hacerlo establece una ciudadanía dual, en la que una parte tiene garantizada por ley su estatus político mientras que la otra, a pesar de tener un proyecto legítimo, democrático y pacífico, no lo puede desarrollar. Una parte de la sociedad goza de un privilegio político, pero la otra no tiene una ciudadanía plena.

En el marco político actual la voluntad de unos vale más que la de otros; y no es justo, no es democrático. ¿Por qué las personas que desean la unidad del Estado español tienen blindado su estatus y vetan que los independentistas puedan hacer realidad su proyecto democráticamente? Esta simple pregunta recoge la esencia del conflicto político vasco, del catalán y, sobre todo, del negacionismo español. Es una cuestión de derechos, de democracia y de respeto.

Decantación y agenda política avanzada

El incontestable éxito de ayer no hace menores los importantes retos que tiene este movimiento democrático por delante. La demanda por el derecho a decidir sigue teniendo mucha más fuerza en los pueblos que en las ciudades; que la protagonista sea la sociedad civil es un valor, pero esta demanda expresa un mandato político y requiere de implicación institucional; se trata de un movimiento por el derecho de todos y todas a votar y a decidir, pero no termina de romper la barrera identitaria y tiene que interpelar a todos los demócratas, especialmente a aquellos que están dispuestos a renunciar a sus privilegios políticos en aras de la igualdad.

La sociedad vasca es cada vez más divergente de la española. En términos de mayorías y minorías tiene valores distintos de los que guían la política española. Tiene, ante todo, una pulsión emancipadora que choca con el autoritarismo español, tal y como se vio ayer en la demanda de justicia para los jóvenes de Altsasu. Sostiene un espíritu igualitario que entronca, por ejemplo, con el movimiento feminista. Euskal Herria tiene dimensiones distintas que marcan intereses también distintos, opciones de hacer las cosas de otra forma, por ejemplo en temas como las pensiones. Esa agenda política que corre en paralelo a la demanda del derecho a decidir es la que puede decantar a la mayoría de la sociedad a posiciones democráticas y en favor de la independencia.

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