La Justicia francesa aceptó la entrega de David Pla al Estado español en virtud de una euroorden emitida en 2011 por el entonces juez de la Audiencia Nacional y hoy ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska. En el requerimiento se le imputa la participación en una reunión en el Estado francés, y a pesar de que la Policía francesa desmintiera tal posibilidad al ubicarlo en otro lugar en esas mismas fechas, los jueces han aceptado la entrega. Por otra parte, tampoco es habitual que los tribunales franceses accedan a ceder a otro Estado a personas acusadas de hechos que tuvieron lugar en su territorio, pero en este caso ese criterio tampoco se ha cumplido.

Tanto el desmentido de la Policía como la entrega por hechos supuestamente ocurridos en su territorio evidencian el carácter político de la decisión judicial de ayer. La resolución revela que el Estado francés, a pesar de ciertos avances en política penitenciaria, continúa a merced de las decisiones de Madrid a la hora de abordar tanto las demandas políticas de Euskal Herria, como la resolución de las consecuencias del conflicto todavía pendientes. De la misma manera, la decisión del tribunal certifica una vez más que el Estado español sigue enrocado en una dinámica de venganza y de persecución política. En vez de trabajar para consolidar la paz y la convivencia en Euskal Herria, el Estado español prefiere seguir alimentando un escenario de confrontación que esconda el hecho de que carece de oferta política alguna capaz de encauzar las reivindicaciones de la mayoría social de este país.

Por último, con la euroorden contra David Pla, el Estado busca atacar su figura y lo que representa, ya que fue una de las personas clave en el desarme y el fin de la organización ETA. Fue uno de los artífices de la construcción de un nuevo escenario en el que se apuesta por las vías democráticas para resolver los conflictos políticos. La euroorden, en este sentido, deja patente la falta de compromiso del Estado español con ese tránsito.