Los habitantes de las provincias de Donetsk y Lugansk acudieron ayer en masa a votar en una consulta de autodeterminación que las autoproclamadas autoridades de Kiev, la UE y EEUU han declarado como ilegal y artificial. La falta de transparencia y de control exterior, alegan sus detractores, hace de esta votación un acto similar al que se desarrolló en la península de Crimea y, por tanto, la voluntad popular debe ser ignorada. Aún más, amenazan con que la ofensiva militar de la Guardia Nacional ucraniana –en la que según informa la prensa alemana, participan mercenarios norteamericanos– se recrudecerá y que las consultas equivalen a echar más gasolina sobre el fuego que puede prender una guerra abierta en Ucrania. En estas condiciones, ciertamente críticas, ¿importan estas consultas? ¿hasta qué punto y cómo influye la «cuestión ucraniana» en los referéndums que Catalunya y Escocia van a desarrollar próximamente?

En su dictamen consultivo en torno a la declaración de independencia de Kosovo, la Corte Internacional de Justicia dijo que incluso en el caso de que los territorios no tengan explícitamente reconocido el derecho de autodeterminación, su ejercicio de cara a construir un Estado propio podría no ser ilegal. Jurídicamente es una cuestión que no está clara. Pero políticamente, ignorar la voluntad mayoritaria de un pueblo cuando se expresa de manera clara y creíble solo puede sostenerse desde la opresión y el castigo. Puede discutirse el grado de trasparencia, si había condiciones para las consultas de Donetsk y Lugansk, pero no es posible darles carpetazo argumentando que son ilegales. Y menos por un autoproclamado poder cuya legalidad y legitimidad es nula.

El ministro de Exteriores español está lanzando en Europa el mensaje de que las consultas «tipo Crimea» y la de Catalunya son similares puesto que ambas son inconstitucionales. A Escocia y a Catalunya, tan diferentes y ahora tan iguales, no las van a parar con el «factor ruso», azuzando el fantasma de la guerra civil ucraniana. Se equivoca España. No hay argumentos para mantener territorios bajo el control del gobierno de un Estado si la mayoría que vive en ellos simplemente no lo quiere.