Hace diez años entró en vigor la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza. Impulsada por el PP, que pretendía amedrentar a las organizaciones sociales para frenar el auge movilizador abierto por el 15M, la lucha contra los desahucios y el independentismo. La norma daba una gran cobertura a la Policía para actuar contra cualquier protesta, un aspecto que organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch criticaron con dureza. Incluso la comisaria del Derechos Humanos del Consejo de Europa mandó una carta al Gobierno español señalando que la ley no se ajustaba a las normas europeas e internacionales sobre derechos humanos.

A pesar del posicionamiento mayoritario en contra, la norma no ha dejado de emplearse, contraviniendo incluso la resolución que adoptó el Parlamento de Gasteiz en 2016 de no aplicarla. Desde entonces hasta 2022, la Ertzaintza la utilizó a razón de 16 veces al día. Se usó para imponer multas desproporcionadas, como los 290.500 euros a 133 jóvenes que participaron en una protesta convocado por Ernai, o para multar a los trabajadores de Tubacex en huelga. Ha servido, además de para golpear a la disidencia política, para reprimir el movimiento obrero y para amedrentar a los movimientos sociales. De ahí que, aunque la mayoría de partidos estuviera en contra, el PSOE pasó de pedir su derogación a proponer su reforma. La supresión de los aspectos más lesivos formó parte del acuerdo de investidura del PSOE con EH Bildu, sin embargo, la falta de ambición frustró el cambio en 2023. Un nuevo intento en 2024 está en proceso de tramitación en el Congreso, pero muchas son las presiones para que nada cambie, sobre todo de los sindicatos policiales que unánimemente apoya una ley de que les da total impunidad. Las enmiendas del PNV dejan entrever poco interés en cambiar nada.

La ley mordaza recorta derechos y libertades. Su reforma en profundidad es un imperativo democrático. Parte del camino ya se ha recorrido, pero urge completarlo para reducir los instrumentos represivos en manos autoritarias.

(*) Este era el editorial que iba a ir en Iritzia, hasta conocer la muerte de Joxe Azurmendi.