El Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa tumbó ayer la suspensión cautelar decretada por un juez contra la ampliación de la oferta de euskara en las escuelas infantiles de Iruñea. La sala de lo contencioso-administrativo no entra todavía en el fondo de la denuncia de las familias de 53 menores supuestamente afectados por el cambio, pero valida de facto el proceso de matriculación realizado por el Ayuntamiento y deja vía libre a la ampliación de la oferta en euskara.

Pese a no entrar en el fondo de la cuestión, la sentencia firmada por tres magistrados es, en resumen, un muestrario de sentido común en el que se dan por buenos la mayoría de argumentos esgrimidos por el Ayuntamiento y se tumban las razones alegadas por los denunciantes. Recuerda que los demandantes «son una minoría del total de afectados» y asegura que el cambio de modelo lingüístico «es dudoso que pueda considerarse un perjuicio en sí mismo». También desmonta el pretendido desarraigo de los afectados, que han obtenido plaza en castellano en escuelas infantiles situadas a cuatro minutos en coche o poco más de un cuarto de hora caminando.

Más allá de las evidencias asumidas por el tribunal, la sentencia es fundamental, en primer lugar, porque despeja la incógnita que se cernía sobre las más de 1.200 familias afectadas por la suspensión cautelar. Algo que los propios jueces califican de «indeseable consecuencia». En segundo lugar, porque da por «prácticamente consumado» el proceso de inscripción y matriculación, dejando vía libre a las dos nuevas escuelas infantiles en euskara. La sentencia refuerza de esta forma los cimientos del cambio en la capital navarra, que el año que viene doblará su oferta de escuelas infantiles en euskara. El 23,9% de plazas frente al 10,3% de hace solo un año. Una oferta todavía por debajo de la demanda, cierto, pero que ahora se presenta blindada social, política y jurídicamente. Los cambios, mejor modestos pero sólidos, que llamativos pero fugaces.