Una delegación de Etxerat viajará el próximo mes de marzo a Bruselas para hacer llegar a partidos políticos, agente sociales y diputados del Parlamento Europeo la flagrante vulneración de derechos que padecen los presos vascos y sus familiares. Una llamada de auxilio para que la «legalidad» de excepción que se aplica en las cárceles termine de una vez por todas, un aldabonazo que, en vista de la nula impli- cación, cuando no obstrucción, de la mayoría de agentes políticos del Estado español, han decidido llevar al centro político de Europa. Un viaje más en la mochila cargada de kilómetros que llevan sobre la espalda los seres queridos de las 461 personas que a día de hoy permanecen presas en cárceles de los estados español y francés.

Europa no es ajena al ADN antidemocrático de la clase gobernante española y, de hecho, ha dado algún que otro tirón de orejas a Madrid por no respetar la normativa comunitaria en materia de derechos y libertades. Una realidad que, tristemente, se mantiene intacta e incluso se ha agravado en las últimas semanas. El rechazo a aplicar la decisión marco europea que obliga a descontar las penas de cárcel cumplidas en otro países de la Unión Europea no solo demuestra el carácter vengativo del Gobierno español, sino que confirma que es capaz de trampear las leyes e incumplir las directivas europeas con tal de mantener a lo ciudadanos vascos encarcelados de por vida. Otro síntoma de este doloroso enrocamiento por parte de las autoridades españolas es la detención de los abogados de los presos vascos; precisamente, algunos de ellos fueron quienes llevaron al Tribunal de Estrasburgo la doctrina 197/2006 y consiguieron neutralizarla.

Ante un Estado que cual apisonadora pasa por encima de la legalidad y los derechos fundamentales, Euskal Herria necesita un interlocutor que se atenga a unos parámetros democráticos y que detenga los continuos ataques que este país padece en este ámbito. Desde el ámbito internacional hasta cada rincón de nuestro pueblo, pasando por sus representantes políticos y sociales, la unión de fuerzas es requisito indispensable para que los derechos humanos y la justicia venzan a la crueldad.