El miércoles, un día después de que el lehendakari Urkullu asumiera en el Parlamento que los controles públicos han fallado en el desastre de Zaldibar, GARA recordaba una modificación normativa de 2000, entonces desapercibida, que refleja que esos fallos suponen solo la mitad de la realidad. Antes de fallar, esas barreras de seguridad públicas habían sido desmontadas a conciencia, y con una justificación tan sincera que leída hoy provoca estupor: «Durante muchos años ha sido necesario que la Administración tutele de forma directa la idoneidad de todas y cada una de las instalaciones de las que se pudiera derivar un riesgo para la salud o la integridad de personas y bienes. El marco actual es propicio para que el nivel de intervención de la Administración industrial no tenga la misma intensidad».

Puede alegarse que cuando se redactó esa reforma la concienciación social en torno a la ecología o la seguridad era menor que la actual, o que los poderes públicos estaban más débiles frente a las iniciativas privadas. Pero no. Un botón de muestra: el pasado 16 de enero en Gasteiz, representantes empresariales levantaron la voz, en algún caso casi en tono de bronca, para reclamar a los ejecutivos que el desarrollo industrial sea priorizado frente a las necesidades más evidentes de supervivencia del planeta. Lo proclamaron frente al propio Urkullu o Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica elevada al grado de vicepresidenta en el Gobierno español. Y allí estaba de nuevo, por cierto, Josu Jon Imaz, el mismo que firmó la orden de 2000 como consejero de Industria, pero esta vez con la coartada que prestaba una jornada de la UGT. El problema es serio.

Cambiar fondos y formas o repetir errores

Entre las pocas cosas rescatables de la intervención de Urkullu en esa sesión parlamentaria del martes está la consideración del caso Zaldibar como un «reto de país». Efectivamente, la dimensión de lo ocurrido es tremenda y multilateral: conlleva la crisis humanitaria de los dos trabajadores sepultados, la ecológica, la de la salud pública y también la política. Quizás solo hayan sido unos pocos los que han causado tal daño, pero tendrán que repararlo muchos... y no de cualquier modo.

¿Cómo? Superada la fase inicial del «shock», el negacionismo y la pataleta frente a las críticas más que razonables de toda la oposición, la reacción en marcha tiene que tomar la dirección correcta. Para empezar, volviendo a los primeros párrafos, si es un reto de país tiene que abordarse desde lo común, recuperando donde se pueda la gestión pública y extremando en el resto el rigor en el control. Lo exige un sector que es muy delicado en términos de seguridad y salud pública pero a la vez potente económicamente, pasto de dinero fácil: los datos que hoy publica GARA sobre Verter Recycling son elocuentes, pero no lo es menos que las arcas guipuzcoanas hayan sido entrampadas para 30 años con el canon anual millonario a una incineradora privada.

Si es un reto de país, requerirá también una voluntad cooperativa; no es la mejor forma de reclamarla haber empezado por dejar fuera de la mesa de coordinación al ayuntamiento de una localidad anexa a Zaldibar como Elgeta, que a falta de otra explicación razonable suena a desconfianza por su signo político. Y esa colaboración no puede tener otra base que la honestidad en las explicaciones públicas; las 50.000 vecinas y vecinos de la zona no merecían la ceremonia de la confusión creada con las emanaciones tóxicas del vertedero, primero alabando la calidad del aire a sabiendas de que faltaban resultados claves de dioxinas y furanos, luego promoviendo medidas de prevención muy ambiguas y finalmente levantándolas sin justificación científica clara.

Si es un reto de país, tiene que encararse además yendo a las raíces y aplicando el sentido común. El problema de los residuos tiene unas características peliagudas en Euskal Herria por su concentración humana, altos niveles de consumo y el peso añadido de una gran actividad industrial que genera el 60% de los mismos, muy por encima de otras zonas del entorno. Sin políticas racionales de reciclaje y economía circular real seguirá siendo un terreno de juego envenenado. ¿Empezamos?