Andreu interrogará como imputados al expresidente de Bancaja, José Luis Olivas, y al exministro del Interior, Ángel Acebes, que también formó parte del Consejo de Administración de la entidad.
También están llamados a declarar en calidad de testigos el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez; el presidente de la CNMV, Julio Segura; el representante legal de la Comisión Rectora del FROB y Francisco Celma, auditor de Deloitte.
Además de Rato, Olivas y Acebes, la lista de imputados incluye al todavía consejero delegado de Bankia Francisco Verdú, al ex secretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez-Ponga y al presidente de la patronal madrileña y vicepresidente primero de CEOE, Arturo Fernández, entre otros.
Según han informado fuentes jurídicas citadas por Efe, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha adoptado estas decisiones después de que Anticorrupción se pronunciara a favor de la querella presentada por UPyD contra los consejos de Bankia y BFA por estafa y otros delitos.
Los 33 consejeros están imputados por supuestos delitos de falsificación de las cuentas anuales y de los balances, por administración desleal o fraudulenta, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.
«Grave repercusión en la economía»
En un auto, el tribunal especial argumenta su competencia porque los delitos que se imputan «habrían producido o podrían producir una grave repercusión en la economía nacional», así como «perjuicio a una generalidad de personas en territorio de más de una Audiencia, al ser Bankia una entidad de suma relevancia en España».
El juez recuerda que es el cuarto mayor banco del país, con un volumen de negocio que superaba los 485.000 millones y un negocio crediticio de más de 186.000 millones a cierre de 2011, por lo que su «quiebra podría desestabilizar todo el sistema financiero del país».
«La magnitud del perjuicio generado se plasma en el hecho de que la dirección de Bankia haya solicitado la suma de 19.000 millones para poder acometer un plan de saneamiento y recapitalización del grupo financiero», añade en el auto, contra el que cabe recurso.
Y como esa cantidad se suma a los 4.465 millones que el grupo recibió para su creación, el coste para el erario público ascendería a 23.465 millones, «sin duda, un grave perjuicio a la economía nacional».
El juez ha pedido la declaración de los querellados y diversas pruebas documentales como las actas del consejo, los documentos para pedir ayuda al FROB y las operaciones desde enero de 2008 -dos años antes de la llegada de Rato- a favor de partidos, consejeros, familiares o empresas.
Además, solicita información sobre las prejubilaciones, indemnizaciones, sueldos y la salida a Bolsa o los planes de recapitalización.
En virtud del número de querellados, del interés de la investigación, y del hecho de que el demandante sea un partido, el magistrado fija una fianza para UPyD de 20.000 euros.
UPyD pidió la intervención judicial cautelar de Bankia y BFA para sustituir a los actuales gestores por un administrador. Una petición para la que el juez ha fijado una vista el próximo 23 de julio.
