Una de las estafas de venta piramidal más relevantes que ha habido a nivel estatal, sin duda, es el caso Afinsa. El pelotazo afectó a 190.022 personas, 2.438 acreedores en el momento de la intervención (9 de mayo de 2006), 2.574 millones de euros en su pasivo y 150 millones de sellos en sus almacenes.

En 2006 la compañía ya presentaba «una situación de absoluta insolvencia, conocida por los responsables que, además, se esforzaron en ocultarlo para mantener la continuidad y el fraudulento negocio», según reconocía el juez instructor del caso Santiago Pedraz. Es decir, los gestores y directivos sabían que su negocio era ruinoso e inviable, pero siguieron adelante.

Diez años después de iniciarse el proceso por varias vías –concursal, administrativa y penal– la Audiencia Nacional ha condenado a una decena de ex directivos de Afinsa por delito de estafa agravada, insolvencia punible, delito continuado de falseamiento de las cuentas anuales, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública que apenas llegan a alcanzar los 12 años de prisión. «Es un mero bálsamo para el orgullo de las cerca de 200.000 familias afectadas, que en ningún caso resarce económicamente la situación de los afectados que perdieron sus ahorros en esta estafa», reconocen desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), ante el triste desenlace final de la rocambolesca patraña.

En opinión de las organizaciones de consumidores es evidente que los condenados no podrán hacer frente a la indemnización, ya que la venta de inmuebles y bienes de la empresa solo cubrió el 10% de cada inversión particular. Sin embargo, los afectados no podrán reclamar el dinero al Estado porque el tribunal ha rechazado condenar a la Administración como responsable civil subsidiaria a pesar de la petición de las asociaciones para salvaguardar los intereses económicos de las familias afectadas.

«Es un gran fallo de la Justicia y el Estado de Derecho, 10 años después no es ni uno ni lo otro. El procedimiento que ha usado la Audiencia Nacional es vergonzoso, ha causado numerosos problemas a abogados y procuradores. No ha habido Justicia pública y ejemplar», criticó el presidente de ADICAE.