A partir del 1 de enero los pagos de facturas en efectivo quedarán limitados a 1.000 euros, frente a los hasta ahora permitidos de 2.500. «Año Nuevo, normas nuevas» que afectarán tanto al pagador como al que recibirá la cuantía y cuyo objetivo, dicen, es el control del fraude a las Haciendas públicas.

La normativa viene acompañada de un apartado de «sanciones», para que se cumpla sí o sí. La parte del paquete de medidas que nos toca como consumidores y usuarios, aunque breve, es contundente. Y es que aquella persona que se salte la norma le caerá una multa del 25% sobre la cuantía pagada en efectivo.

Supongamos que realizamos una reforma en nuestra vivienda habitual, o a nivel de comunidad de vecinos, y asciende a 6.000 euros. La respuesta es sencilla: «No se podrán nunca dividir los pagos en efectivo por encima de los 1.000 euros». Y es que las Haciendas van a por todas y mirarán con lupa el fraccionamiento del pago. En este sentido, se indica que «para los efectos del cálculo de los límites de pagos en efectivo se sumarán los importes de todas las operaciones o pagos en que se haya podido fraccionar la entrega de bienes o prestación de servicios».

Según Facua-Consumidores en Acción, la intención del Gobierno es implantar el próximo año el conocido como Suministro Inmediato de Información (SII), que consiste en el envío electrónico en tiempo real de todas las operaciones que deben figurar en los libros de registros del IVA de las empresas.

Con la entrada en vigor del plan, las empresas deberán remitir electrónicamente en un plazo máximo de cuatro días todos los detalles de sus operaciones –facturas y tickets expedidos y recibidos–, que deben anotar en sus libros de registro del IVA –no la factura propiamente dicha–, con el importe total de la operación, tipo de factura, identificación fiscal, objeto y destinatario.

Hacienda somos todos, así que crucemos los dedos antes de que la Agencia Tributaria cruce los datos. La esperanza nunca se pierde por lo que confiemos en que disminuya el tráfico de dinero negro y aumenten los recursos para destinarlos a causas más justas.