El Gobierno de la coalición Cambiemos devaluó 40% el peso, avaló una subida de tarifas de electricidad de más del 300% y canceló los contratos de 8.000 empleados estatales. La noción de la pesada herencia kirchnerista y el nuevo talante le permiten al presidente sostener todavía una alta popularidad.

El 10 de diciembre asumía la Presidencia de Argentina por primera vez en 99 años un miembro de un partido que no era ni el peronismo ni la Unión Cívica Radical (UCR), a la vez que fue la fecha del fin de la era kirchnerista tras doce años. A cien días de aquella jornada, la primera impresión en el país sudamericano es que parecen haber sido cien meses.

Las primeras semanas de gestión del presidente, Mauricio Macri, al frente de la coalición de su partido PRO (liberal) con los socialdemócratas de la UCR fueron intensas y pueden ser vistas con una doble esencia: gestos inmediatos de apertura política y mayor pluralidad, junto con un duro ajuste económico que todavía el propio Gobierno admite que no terminó.

Al iniciar su mandato, Macri rozaba el 70% de imagen positiva gracias a algunas medidas de alto impacto, como reunirse a solas con todos los demás candidatos a presidente con quienes compitió, hacer el primer encuentro en doce años con los gobernadores de las 24 provincias argentinas y reestablecer, vía devaluación inicial del 30% (luego se incrementaría), un único tipo de cambio, anulando el mercado paralelo y permitiendo acceder libremente a divisas para importar y viajar al exterior. Pero las polémicas no tardarían en llegar.

Despidos, tarifazo e inflación. El Gobierno de Cristina Fernández se fue con más del 20% de inflación, nulo crecimiento económico, un aumento solo en 2015 de 26.000 contratados estatales con dudosa asignación y el mayor déficit fiscal récord: 7 puntos del PIB, lo que representa un rojo de 40.000 millones de euros en 2016.

Ante este panorama, y fiel a su perfil ideológico, Macri no promovió ninguna nueva estatización ni un shock al consumo, sino lo contrario: bajó los impuestos a las exportaciones agropecuarias, mineras e industriales –para atraer divisas– y comenzó una poda de la planta temporaria de los empleados del Estado, que hasta ahora ha supuesto 6.200 despidos en el poder ejecutivo y unos 1.800 en el Senado, decididos por la vicepresidenta, Gabriela Michetti. Aunque paradójicamente, debido a la forma en que el kirchnerismo hizo las contrataciones de personal en los últimos cuatro años (todos militantes propios), las cesantías de personal estatal es una de las medidas que más apoya la opinión pública.

La devaluación –en un país que produce alimentos para 400 millones de personas y es su principal exportación– llevó a una espiral inflacionaria aún mayor que la registrada durante el kirchnerismo. Si bien todavía no hay estadísticas oficiales (hasta mitad de año anunciaron que tomará recomponer el instituto nacional de estadísticas enajenado por el kirchnerismo en 2007), las consultoras privadas y algunas provincias registraban una inflación del 4% en febrero pasado. Las cadenas de supermercados –notablemente oligopolizadas– desbandaron el remarque de precios y recién ahora se registra una aparente estabilización.

Una de las medidas más polémicas de Macri fue el cambio, vía decreto presidencial, de buena parte de la controvertida Ley de Medios del kirchnerismo por otra normativa igual de controvertida, que si bien moderniza la ley y permite mejorar la competencia, privilegia la concentración de las empresas de comunicación, amplía la cantidad de licencias posibles a tener y, sin dudas, favorece al Grupo Clarín, principal conglomerado de medios y enemigo acérrimo del kirchnerismo luego de su pelea en 2008.

Pero, sin duda, la mayor preocupación, junto con la inflación, la desató el denominado «tarifazo». En los últimos años, las tarifas de electricidad estuvieron muy subsidiadas en la región metropolitana (en Buenos Aires, un hogar familiar promedio pagaba solo entre 8 y 12 euros por bimestre).

En febrero, el ministro de Energía, Juan Aranguren, anunció una disminución de los subsidios que provocó un aumento de entre un 300% y un 500% en el costo, aunque se mantendrán las subvenciones previas a los hogares que ingresen por debajo de los 750 euros mensuales. Se espera que, a más tardar en abril, se comunique la quita parcial de subsidios al consumo de gas y un aumento al transporte público.

Nuevo talante. Este ajuste generó una caída de 10 puntos en la imagen positiva del presidente, que se recuperó en marzo y hoy ronda el 65%. Además de ciertos logros con respecto al control del precio del dólar y las buenas noticias en la política exterior –tras cuatro años de ostracismo internacional, el nuevo Gobierno ya recibió las visitas de los jefes de gobierno de Italia, Bulgaria y Francia y de presidente de EEUU, Barack Obama–, Macri cuenta con también con un aliado clave para reforzar su lugar: la herencia económica y política del kirchnerismo y su oposición virulenta apenas asumió.

Especialmente en los últimos años, Cristina Fernández viró a un estilo autocrático y autoritario incluso para su propio espacio político.

Como muestra de que ese yugo ya no existe, basta la frase del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, el menos kirchnerista de los peronistas, que se animó a reconocer tras su tercer encuentro con Macri en la Casa Rosada: «De mis ocho años como gobernador, hace ya seis que no me hablaba un presidente. Ha habido un sistema político que expulsaba a la gente que pensaba distinto».

Asesorado por su jefe de campaña y hoy jefe del Gabinete, Marcos Peña, ávido lector de sondeos de opinión, Macri sabe que buena parte de los argentinos es consciente de la ruinosa herencia económica dejada por el Gobierno anterior y que, además, esperaba con ansia el fin del espíritu autoritario.

Por ello, el presidente aplicó cambios políticos apenas asumió: además de reunirse constantemente con los opositores, retomó las conferencias de prensa (la última de Fernández de Kirchner fue en 2008), anuló la propaganda política en las transmisiones de la Liga de Fútbol que son subvencionadas por el Estado y le dio una notable libertad y pluralidad a la televisión, la radio y la agencia de noticias estatales, que ya no se dedican a difamar a los políticos, artistas y empresarios opositores.

Esa apertura, junto con la propia necesidad de salir de la asfixia financiera, hizo que 17 de los 19 gobernadores peronistas –y casi toda la oposición salvo el kirchnerismo– apoyen el proyecto de ley para zanjar el conflicto con los «fondos buitre» que no aceptaron el canje de deuda tras el default, y que obliga a Argentina a pagar tasas exorbitantes.

Con una minoría notable en la Cámara de Diputados (90 escaños de 257) y en el Senado (15 de 72), Mauricio Macri está obligado a un consenso político constante. La sociedad le demuestra, solo por ahora, paciencia para sus ajustes, aunque su desafío será no llevar esa paciencia al límite.