El Ayuntamiento de Ondarroa quiere «estrechar relaciones» con la gestora constituida por las 176 familias desalojadas tras los corrimientos de tierras en la ladera de Kamiñalde, tomando las decisiones que haya que adoptar con ellos. El alcalde explicó que hasta ahora han mantenido reuniones con los damnificados para ofrecerles información directa, pero ahora quieren fomentar el debate.

Zunbeltz Bedialauneta recordó que el Consistorio es también afectado, pues es propietario de varios locales e inmuebles en el edificio de San Ignacio.

La necesidad de viviendas para los realojos es «apremiante», por lo que ayer reiteraron su llamamiento a quienes dispongan de casas vacías para que las pongan en manos de Alokabide. Hasta ahora se han firmado 26 contratos gracias a que se ha acelerado el proceso de adjudicación pero todavía hacen falta otros 47 pisos.

Eneritz Basurko, delegada de Urbanismo, informó de que se han reunido con las inmobiliarias locales para animar a quienes tienen viviendas a la venta para que las pongan a disposición de los afectados a través de Alokabide. La concejala aseguró que están tocando varias puertas y que van a seguir trabajando hasta conseguir realojar al último vecino, además de ayudarles económicamente para que puedan afrontar este contratiempo en sus vidas.

El alcalde explicó que han pedido a la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, que la Ertzaintza no baje la guardia en la vigilancia de la zona después de que se hayan producido hurtos en los pisos. Además, continúa en servicio, en Maskulu Etxea, la oficina de atención a los afectados, donde pueden exponer las dudas o los problemas que les surjan.