El Estado español no tiene una ley integral para la igualdad de trato y no discriminación, y restringe el acceso a la asistencia sanitaria universal a los migrantes en situación irregular, a los que además priva de libertad de forma poco razonable, innecesaria y desproporcionada. Son algunas de las conclusiones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, que el viernes dio a conocer los resultados de su examen periódico al Estado español. El resultado de la evaluación no deja margen a la duda: suspenso.

Además de cargar con dureza contra los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) en Ceuta y Melilla, el informe de la ONU insta a Madrid a «reducir el tiempo para resolver las solicitudes de asilo», así como a investigar las alegaciones de «uso excesivo de la fuerza», apartado en el que se hace especial referencia a la playa del Tarajal, donde la Guardia Civil intervino con dureza en febrero de 2014, en un episodio en el que murieron 15 personas que trataban de cruzar la fronteriza playa de Ceuta.

El informe de este comité de la ONU también subraya la urgencia de «poner fin de manera definitiva a los controles de identidad basados en perfiles raciales y étnicos». «Tales conductas deben ser investigadas y sancionadas adecuadamente. España dispone de un año para informar al Comité sobre las medidas efectivamente adoptadas en aplicación de esta recomendación», añaden en el escrito.

La educación también tiene cabida en el informe, en el que se urge al Estado español a «adoptar políticas educativas efectivas que aseguren la distribución equitativa de los estudiantes, con el fin de poner fin al fenómeno de las escuelas-gueto».

Medios y redes sociales

Claves en la divulgación de estereotipos raciales, el comité también habla sobre los medios de comunicación y las redes sociales. En este sentido, pide al Estado crear un órgano independiente «con los recursos necesarios» para «superar los estereotipos en esos medios».

Por último, y por enésima vez, la ONU reclamó al Estado que ratifique dos acuerdos internacionales que Madrid sigue esquivando: la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, de 1990, y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, de 1961.