Los sindicatos y colectivos que conforman la acusación particular en el «caso Kutxabank» (LAB, ESK, Steilas, EHNE Bizkaia, Hiru, Euskal Herriko Pentsionisten Plataformak y EKA) destacaron ayer que el último auto de la Audiencia Provincial de Bizkaia «confirma en todos sus términos» sus posiciones y, por tanto, «que la contratación de Cabieces para realizar trabajos de asesoría para Kutxabank por el despacho de Rafa Alcorta no era más que la tapadera para que el ex delegado del Gobierno en la CAV percibiera un salario cercano a los 6.000 euros mensuales sin contraprestación laboral alguna». Manifestaron, asimismo, que queda constatado que hay «indicios fundados de delitos de administración desleal, apropiación indebida en su modalidad de distracción y falsedad documental», que han llevado a la apertura del juicio oral contra el expresidente de la entidad, Mario Fernández, el ex delegado del Gobierno español Mikel Cabieces y el abogado Rafa Alcorta, pero «en el banquillo no estarán todas las personas responsables de este fraude contra la ciudadanía», según denunciaron.

Los acuerdos de PNV, PSE y PP

La acusación particular sigue preguntándose «cuáles eran las razones» para que Fernández «pagara esta nómina a Cabieces con dinero de Kutxabank», y mantiene que la clave está en la declaración del expresidente de la entidad, al reconocer que la actuación «fue instada desde el ámbito político como ejercicio habitual» para que «personas que dejan sus responsabilidades institucionales encuentren acomodo en la empresa privada sin importar demasiado la tarea encomendada».

Los portavoces de la acusación particular Ana Pérez y Urtzi Ostolaza recordaron que esta «típica operación de puertas giratorias se gestó durante el proceso de liquidación de las cajas vascas y la privatización y bancarización de Kutxabank, en la que los acuerdos entre PNV, PP y PSE han sido determinantes».

Tal y como subrayaron, el proceso de liquidación ha sido «el caldo de cultivo» para que las tres formaciones políticas se beneficiaran «tanto de manera legal, con las leyes que ellos mismo han negociado y aprobado (composición de las fundaciones, salarios de presidentes, gestores...) como delictiva, como en el caso Cabieces».

En respuesta a preguntas de los periodistas, explicaron que sus servicios jurídicos no han realizado todavía el escrito de acusación, en el que definirán los delitos, aunque sí avanzaron que se planteará la petición máxima de penas.

La acusación particular, que apuntó que no puede dar nombres pero «tirará de los hilos» si estos salen, pidió a los responsables políticos que «por honestidad» den «un paso al frente, asuman sus responsabilidades políticas y reviertan un proceso de privatización que solo beneficia a unos pocos y generará nuevas oportunidades para seguir metiendo la mano en los ahorros de miles de personas».