Los tribunales españoles han cerrado el círculo de la contumaz negativa española a cumplir la directriz europea de descontar a cualquier preso los tiempos de condena ya cumplidos en otros estados. Si esa decisión marco fuera atendida, supondría la excarcelación inmediata de siete presos vascos y aligeraría lo que les queda de prisión a otras decenas. En su primera sentencia al respecto, relativa al recurso de Kepa Pikabea, el Tribunal Constitucional ha avalado la trampa legal hecha por el PP en 2014 para regatear ese precepto europeo. Y lo hace, como ocurrió antes en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, con una fuerte división entre quienes validan esa artimaña y quienes alertan de que el incumplimiento puede acarrear otro varapalo europeo como el que supuso la anulación de la «doctrina Parot». Uno y otro caso tienen la misma finalidad de fondo: demorar la excarcelación de presos vascos.

El Constitucional ni siquiera se ha mojado sobre el asunto, ya que opta por no entrar a valorar el recurso, avalando así la línea fijada antes por el Supremo. Este ha sido el criterio impuesto por siete jueces frente a los cuatro discrepantes.

El sentido de la sentencia había sido filtrado hace diez días. Ayer se confirmó a través de la publicación de los votos particulares de la minoría crítica. Especialmente claros son los de Adela Asúa, vicepresidenta del TC, y Juan Antonio Xiol, que vienen a decir que la trasposición a la legislación interna estatal del criterio europeo fue errónea y que en consecuencia era labor del Constitucional corregirla, antes de que lo haga Europa.

Lo explican así: «Los errores, las decisiones o la desidia del legislador español no pueden ser enmendadas por los órganos judiciales a costa del sacrificio de derechos fundamentales. Cuando eso sucede, es labor del Tribunal Constitucional remediarlo sin esperar la decisión de otras instancias jurisdiccionales internacionales». Son numerosos los expertos que vaticinan otra reprimenda europea por este caso; el problema es cuándo ocurriría eso (la «doctrina Parot» fue implantada en 2006 y no se anuló hasta 2013).

Otros dos jueces de este tribunal, Encarnación Roca y Fernando Valdés, consideran en otro voto discrepante que el fondo del recurso debería haber sido estudiado, aunque no adelantan qué posición hubieran tomado en ese caso.

El PNV pide a la UE «mayor determinación» en favor del descuento de condenas

La desobediencia del Estado español en este asunto está motivando sucesivas iniciativas parlamentarias en Europa de EH Bildu y PNV. A raíz de una iniciativa de Josu Juaristi, recientemente se supo que Madrid ha tardado año y medio en comunicar a Bruselas cómo trasladó a su legislación interna esa decisión marco (mediante la artimaña que la vacía de contenido). La pelota vuelve así al tejado de la Comisión, que hace un año insinuó la posibilidad de sanciones a Madrid.

En este contexto, el PNV ha presentado una enmienda al informe anual sobre derechos humanos en Europa en la que denuncia estos incumplimientos españoles destinados a lograr «la prolongación injusta de condenas penales». Izaskun Bilbao plantea a la Comisión que use «con mayor determinación los instrumentos de que dispone». R.S.