Se abordaba como el juicio constitucional más importante de una generación y el gobierno de Theresa May lo ha perdido en primera instancia. El Tribunal Superior de Londres ha fallado en favor de los dos ciudadanos –Gina Miller, propietaria de una firma de inversiones y Deir Dos Santos, peluquero– que iniciaron un proceso judicial al que pronto se unieron asociaciones ciudadanas para que el inicio del proceso de abandono de la Unión Europea necesitase la aprobación del Parlamento de Westminster.

La sentencia supone un duro golpe para los planes del Gobierno de May, que había defendido hasta ahora la potestad del Ejecutivo en base a una prerrogativa real para decidir de manera unilateral sobre el Brexit.

Ayer nada se supo de la líder del Gobierno conservador y la respuesta del Ejecutivo, vía comunicado, fue la del anuncio de recurso ante la Corte Suprema (Tribunal Supremo), a pesar de que es difícil que se enmiende la plana a la instancia anterior. La decisión del tribunal, presidido por el juez John Thomas, otorga a las Cámaras de los Lores y de los Comunes el control parlamentario que Theresa May había tratado de evitar desde un principio, aunque hace unas semanas se vio obligada a aceptar un debate consultivo sin votación. Con esta sentencia, la voz del Parlamento se hace vinculante. A pesar de ello, Downing Street asegura que mantiene su intención de iniciar el proceso de salida en el primer trimestre de 2017 e insiste en su determinación de llevar adelante «el mandato del referéndum».

El pronunciamiento judicial alberga algo de esperanza para quienes todavía confían en una paralización del Brexit, aunque los expertos ya advierten de las pocas posibilidades de que el proceso se bloquee. Es cierto que dos tercios de la Cámara de los Comunes se mostraban a favor de la permanencia en la UE antes de la celebración del referéndum. Sin embargo, según explica el director de Open Europe Stephen Booth, es muy difícil que los diputados bloqueen en masa el proceso de salida porque supondría enfrentarse de lleno con el electorado y porque «fueron ellos mismos quienes aprobaron el otorgar la palabra a la ciudadanía sobre la salida de la UE». De hecho, varios parlamentarios han mostrado estos meses su disposición a acatar lo que el 52% de los votos optó en el referéndum del pasado 23 de junio cuyo resultado se inclinó por la salida de la UE.

El siguiente capítulo –probablemente el último– se escribirá en la Corte Suprema, previsiblemente los 7 y 8 de diciembre, cuando el tribunal escuchará el recurso del gobierno. A partir de ahí, y dada la presión política y la importancia del caso, la sentencia podría darse a conocer antes de Navidad.

Escocia estudia adherirse a la batalla judicial contra el Brexit en su siguiente capítulo

La ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, planea sumarse a la causa iniciada por Gina Miller y Deir Dos Santos en el proceso judicial sobre la necesidad de aval parlamentario al Brexit, que tendrá la instancia más alta de Reino Unido como próximo –y probablemente último– escenario.

Sturgeon acogió con satisfacción la sentencia de ayer del Tribunal Superior de Londres que, aseguraba, «incide en el caos y la confusión» en el seno del Gobierno de Theresa May con respecto al abandono de la UE. De hecho Sturgeon interpreta la cerrazón de la primera ministra a la hora de abordar el asunto en el Parlamento porque «quedarían en evidencia las lagunas de su hoja de ruta para la salida de la UE».

El Gobierno de Belfast también ha aplaudido la sentencia, aunque con escepticismo. El viceministro principal Martin McGuinness alberga serias dudas de que «el Parlamento de Westminster vaya a respetar la voluntad de los irlandeses» e insiste en que cualquier decisión sobre el Brexit que afecte a Irlanda "debe de tomarse en Dublín y en Belfast".

También el Partido Laborista ha acogido con satisfacción la sentencia. Su líder, Jeremy Corbyn, deja claro que su formación «respeta el resultado del referéndum sobre el Brexit» pero añadió que ello no quita que el Parlamento necesite conocer «de manera transparente y clara los planes del ejecutivo» sobre el proceso. GARA