El Banco Central Europeo determinó anteayer que el Banco Popular era inviable y la Junta Única de Resolución intervino el banco para, posteriormente, vendérselo al Banco de Santander por un euro tras una subasta express. De esta manera, por un lado, los accionistas y aquellos inversores con bonos del banco intervenido perdían toda su inversión; y por otro se eximía al Estado de realizar aportaciones de dinero público. Al menos en principio, toda vez que el banco adjudicatario ha podido exigir garantías complementarias que a día de hoy son desconocidas.

Se trata del primer banco intervenido en la Unión Europea por este mecanismo creado a raíz de la crisis financiera de 2008. Problemas recientes en otros bancos, especialmente italianos, se han resuelto de forma menos drástica y con aportaciones de dinero público. Posiblemente la diferencia esté en que en este caso, y a tenor de las palabras de Ana Botín que ha confirmado que no presentó una oferta antes para no tener que pagar por la entidad, simplemente lo han dejado caer. Y una vez intervenido el precio a pagar se reduce a cero. Sobre las razones de esta actitud a día de hoy solo se puede especular, pero es evidente que la intervención del banco tenía un coste importante para la imagen del Estado español. Con el objeto de minimizar ese impacto reputacional durante el día de ayer se sucedieron las declaraciones políticas y empresariales subrayando los aspectos positivos de la operación.

La intervención tampoco deja en buen lugar el complejo sistema de test de estrés organizado para vigilar la solvencia del sistema financiero europeo. Teniendo en cuenta, además, la energía gastada en intervenciones, fusiones, líneas de liquidez, mecanismos de resolución y los fondos públicos invertidos en el rescate de bancos europeos, el resultado de semejante esfuerzo se antoja terriblemente pobre. En cualquier caso, la fragilidad de los bancos no es más que el reflejo de una débil economía europea.