El relator especial de la ONU sobre los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, acusó ayer a México no solo de obstaculizar el trabajo de este colectivo sino de «criminalizarlo» a través de «un mal uso deliberado de la legislación criminal y de la manipulación de los poderes punitivos de las autoridades, tanto por actores estatales como no estatales, para entorpecer e incluso paralizar los esfuerzos de ejercer su legítimo derecho a promover y proteger los derechos humanos». Una criminalización que empieza con «alegaciones infundadas» a las que siguen «violaciones a los derechos humanos» por Policía, Ejército, Marina, autoridades de Gobierno, y Judicatura, asegura.

Forst «quedó atónito por la extrema violencia en México, el clima de casi absoluta impunidad y la supuesta corrupción e infiltración de las fuerzas fiscales y de seguridad por elementos criminales», según el informe redactado tras visitar el país.