El portavoz del Gobierno de Lakua, Josu Erkoreka, anunció ayer que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no continuará con el recurso ante el Constitucional que interpuso su predecesor contra la Ley vasca de Víctimas de Abusos Policiales. Anunciar disposiciones que tomarán otras instancias antes de que estas las comuniquen resulta algo extraño, y además suele provocar incertidumbre sobre la decisión que se anuncia. En cualquier caso, es de suponer que una notificación de esas características estará suficientemente contrastada y madurada para que no se produzcan sorpresas.

Erkoreka destacó el carácter técnico del acuerdo. Así, existiría un compromiso recíproco para modificar aspectos de la ley con el fin de que, por un lado, no se invadan competencias del Poder Judicial, y por otro, el texto legal se centre en el reconocimiento y reparación de las víctimas, dejando de lado cuestiones como, por ejemplo, la identificación de los autores de las violaciones de los derechos humanos. Es decir, de los policías. El delegado del Gobierno en la CAV, Jesús Loza, apuntillaba que la ley no debe reproducir el «relato del conflicto» y consideraba que en el caso de los abusos policiales se trata de «actuaciones aisladas». Pero, sin ir más lejos, hay 4.113 casos de tortura documentados por médicos y forenses que Loza conoce bien. Olvida también que un rasgo de estos abusos ha sido la impunidad, algo que debería reconocer dada la responsabilidad de algunos de sus predecesores en el cargo.

A pesar de todo, el desistimiento que anunció Erkoreka será positivo si conlleva un cambio de actitud hacia las decisiones de las instituciones de la CAV y Nafarroa. Hasta ahora el recurso al Tribunal Constitucional ha sido la herramienta del Gobierno del Estado para modificar por la puerta de atrás la voluntad expresada por mayorías parlamentarias en Gasteiz o Iruñea. Un instrumento para imponer posiciones absolutamente minoritarias en la sociedad vasca. Que se renuncie a ello sería una buena noticia.