Kaleratzeak Stop de Araba denunció ayer que un vecino de Lapuebla de Labarca está a punto de ser desahuciado de su casa a iniciativa del fondo buitre sueco Intrum. Este fondo se hizo con la vivienda tras comprársela a Ibercaja, después de que el dueño, Chuse, no pudiera hacer frente al pago de la hipoteca. Una vez más, bancos y fondos buitre –acreedores y cobradores– actuando en comandita para cerrar el círculo sobre cualquier persona empobrecida que no haya podido hacer frente a las cuotas de un crédito.

Es grave que se continúe desahuciando a la gente, pero todavía más grave es que no se le presente una alternativa habitacional a la persona desahuciada, tal y como ha exigido repetidamente la ONU. Ni el Ayuntamiento ni la Diputación le han ofrecido ninguna opción de morada a Chuse, por mucho que las Juntas Generales aprobaran en su momento una declaración en la que definían Araba como «territorio libre de desahucios». Una cosa son las proclamas institucionales –que siempre quedan bien– y otra muy distinta preocuparse por la gente en dificultades y buscar el modo de solucionar sus problemas. Una muestra más del escaso compromiso social de los partidos que gobiernan esas instituciones.

Por otra parte, conviene tomar en consideración que la ley de contratos de crédito inmobiliario recientemente aprobada en el Estado y la última sentencia del TJUE sobre las cláusulas de vencimiento anticipado han dejado varios vericuetos para que los bancos puedan seguir con sus prácticas abusivas. En este contexto es posible que se retomen procedimientos paralizados, y que en un futuro próximo se lancen a una nueva campaña de desahucios.

Se han destapado las malas prácticas de los bancos pero todavía prima el derecho a la propiedad sobre el derecho a una vivienda digna, y prevalece el interés del sistema financiero sobre el bien común. La presión social sigue siendo la clave para inclinar la balanza.