14/08/2019

El caso español, una anomalía en el fomento de las lenguas

La Plataforma per la Llengua, la ONG del catalán, ha concluido en un estudio que el Estado español está «a la cola de Europa en el reconocimiento lingüístico de lenguas medianas».

Maider IANTZI|DONOSTIA
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No hay precedentes. El Estado español está a la cola de Europa en el reconocimiento de las lenguas de dimensiones medianas, según destaca la Plataforma per la Llengua, ONG que trabaja en favor del catalán.

Esta organización, que, salvando las distancias, se podría comparar con Kontseilua, ha presentado el estudio “¿Hacia la igualdad o hacia la supremacía lingüística?”, en el que compara la situación del Estado español con las de Bélgica, Suiza y Canadá en el tratamiento de las lenguas propias de dimensiones medianas, entre las que se encuentran el catalán (con más de 5 millones de hablantes) y el gallego (con 2.400.000 hablantes). El euskara tiene unos 850.000.

La plataforma también hace un análisis comparado con otros contextos, especialmente dentro de la Unión Europea y el Consejo de Europa.

La primera conclusión es que «el supremacismo constitucional es el principal escollo para la democracia lingüística» en el Estado español. «A pesar de las diferencias entre Suiza, Bélgica y Canadá, es evidente que el tratamiento de las lenguas en España ha seguido un camino bastante diferente respecto a estos países». Por ejemplo, de entre ellos, el Estado español es el único que no reconoce como lenguas oficiales del Estado todas las lenguas medianas.

De hecho, el texto constitucional actual (1978) recoge básicamente los preceptos lingüísticos de la Constitución de 1931, que implicaban la oficialidad única del castellano y el deber de saberlo. El catalán, el gallego o el euskara quedan, por lo tanto, relegados a un nivel secundario, con un rango bastante restringido de derecho y obligación.

El 17,7%, hablantes huérfanos

Otro punto que se puede subrayar del análisis de la Plataforma per la Llengua es que, a pesar de este déficit legal sostenido durante años –que, desde luego, no favorece el fomento de los diversos idiomas–, de entre los cuatro estados mencionados el español es el que tiene más hablantes de lenguas autóctonas diferentes a la lengua históricamente impuesta. Tiene alrededor de 8.200.000 hablantes de estas lenguas respecto a los 6,28 millones de Bélgica, los 2.800.000 de Suiza o los 7.600.000 de Canadá.

En números relativos, el porcentaje (17,7%) tampoco es despreciable, similar al de Canadá (22%). La plataforma define a estos hablantes como huérfanos. Ni Bélgica ni Suiza tienen hablantes huérfanos y Canadá tiene solo un 0,6%.

El estudio añade que, aunque la Constitución española especifique que «las demás lenguas» del Estado «serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos», la jurisprudencia elimina esta obligación y algunas comunidades autónomas no las hacen oficiales. Por ejemplo, ocurre con el catalán en Aragón o el asturiano-leonés en Asturias.

Unilingüismo oficial regional

En el análisis se señala que el deber único de saber el castellano implica una restricción de la oficialidad real. Se establece la obligación constitucional de reconocer el castellano también «regionalmente como lengua oficial» y «se impide que la lengua autóctona sea preferente en algún ámbito».

Es una política muy diferente de los casos belga, suizo o canadiense, ya que en estos estados la oficialidad significa una libre elección de la lengua.

Los tres «han adoptado el unilingüismo oficial regional como medida de garantía y protección. En Suiza y Bélgica el unilingüismo del francés y del neerlandés, respectivamente, es claramente mayoritario. Solo un 2% de los hablantes viven en entornos oficialmente bilingües, cifra que alcanza el 3% en Canadá». En cambio, el Estado español «solo permite y, de hecho obliga, el unilingüismo oficial regional para el castellano. Para el catalán está prohibido. El bilingüismo oficial regional es del 99% para el catalán; el otro 1% no es ni oficial».

La Plataforma per la Llengua resalta que, si se hiciera una clasificación de los estados europeos que menos reconocen las comunidades lingüísticas medias, el Estado español y Turquía encabezarían esta lista. En general, «los países de tradición democrática reconocen las lenguas medianas como oficiales del Estado. Incluso en el ámbito regional las reconocen como únicas lenguas oficiales salvo que los hablantes sean muy minoritarios».

Si tenemos en cuenta todos los estados de la UE y del espacio Schengen, hay 14 comunidades lingüísticas propias de entre 3 y 10 millones de hablantes. Todas sus lenguas son oficiales de Estado, con una sola excepción, el catalán en el Estado español. Si extendemos el análisis a los 47 estados del Consejo de Europa, hay 22 comunidades de lenguas medianas. Todas son oficiales de Estado salvo el tártaro en Rusia, el kurdo en Turquía y el catalán en el Estado español.

Al ampliar el margen a las comunidades lingüísticas propias de entre 1 y 25 millones de hablantes en el Consejo de Europa, vemos que, de las 42 comunidades, hay 10 que no están reconocidas como oficiales de Estado. Cuatro corresponden a la UE: el catalán y el gallego en el Estado español, el sardo en Italia y el húngaro en Rumanía.

El estudio concluye que la «única solución para una equiparación mínima» de los derechos de los hablantes de las lenguas medias en el Estado español es «la supresión del supremacismo instaurado en la Constitución. El otro modelo es el que han emprendido la mayoría de las democracias de nuestro entorno: adecuar territorialmente mediante un proceso de independencia la nación cultural a límites estatales».

Belgika, Suitza eta Kanadara hurbiltzeko aldaketa sakonak

«Espainiak eredu belgikar, suitzar edo kanadarrera gerturatu nahiko balu, Konstituzioa aldatu beharko luke, bereziki 3. artikulua, eta komunitate linguistiko ertainen hizkuntzak gaztelaniaren maila berean jarri beharko lituzke, Estatuko hizkuntza ofizial gisa. Horretaz gain, hizkuntz erabileretan eta eskubideetan aldaketa sakonak egin beharko lituzke: Estatuko ordezkaritza ganberetan, nazioarteko proiekzioan eta adierazpenetan (tratatuak barne), nazioarteko antolakundeetako ofizialtasunean (Europar Batasunean, besteren artean), legeen baliagarritasunean, herritarrekin erlazionatzeko mekanismoetan...». Hala jaso du Plataforma per la Llengua katalanaren Gobernuz Kanpoko Erakundeak bere ikerketaren ondorioetan.

«Webgune ofizialak, Estatuko Gobernuaren komunikazioak, enpresa publikoen hizkuntza erabilera, Espainiaren identifikazioa, Estatu osoko hedabide publikoen hizkuntza, naziotasuna lortzea, funtzionario izateko baldintzak, etiketak, hezkuntza, justizia, mundu sozioekonomikoko produktuen argibideak eta administrazioko izapideak, Estatuko hizkuntza lege bat edo gehiago garatzea...».

Alderdi horiek guztiak hartu beharko lituzke aintzat Estatuak beste hizkuntza politika bat martxan jartzerakoan.M.I.

ÚNICA EN EL MUNDO


Según la Plataforma per la Llengua, «el supremacismo constitucional es el principal escollo para la democracia lingüística». La Constitución española es «la única del mundo que establece la obligación de saber una lengua en un artículo principal».

OTROS MODELOS


Del estudio se desprende que las políticas lingüísticas en Bélgica, Suiza y Canadá son muy diferentes, ya que en estos estados «la oficialidad se interpreta del mismo modo para todas las lenguas y grupos lingüísticos».