La decisión adoptada el pasado 8 de enero por la Corte de Apelación de París, en el sentido de avalar la primera de las dos demandas de extradición cursadas por el Gobierno español de cara a lograr la entrega de Josu Urrutikoetxea, ha situado el caso del histórico militante, más que nunca, en el marco político.

A la espera de que la Corte de Casación se pronuncie sobre el recurso presentado por la defensa, será, en todo caso, el Gobierno de Emmanuel Macron el que tendrá la última palabra.

«Corresponde al Gobierno asumir sus responsabilidades respecto a un caso que no es vasco, es un caso francés, y con derivadas internacionales», aclaró ayer, su hijo, Egoitz Urrutikoetxea, en una rueda de prensa celebrada en un céntrico hotel de Biarritz.

Un día después de que presentara su obra “País Vasco y la libertad. Un largo camino hacia la paz”, que concurre en la sección oficial del festival Fipadoc, el realizador Thomas Lacoste ejerció de maestro de ceremonias de una comparecencia en la que se anunciaron varias iniciativas con el fin de «situar el caso Urrutikoetxea» en el campo visual de París.

Concretamente, en la rueda de prensa, a la que se sumaron el especialista internacional en resolución de conflictos Andy Carl y uno de los abogados de Urrutikoetxea, Laurent Pasquet-Marinacce, se anunció la presentación de «una solicitud de asilo» en favor de Urrutikoetxea. Igualmente, defensa y allegados de Urrutikoetxea trabajan en la organización de una visita de parlamentarios franceses a la prisión de La Santé, en la que fue ingresado el vecino de Ugao tras su detención el 16 de mayo de 2019 en la localidad alpina de Sallanches, cuando se dirigía a un centro hospitalario.

Preguntas al Gobierno

El objetivo es que, a partir de esa visita, esos diputados y senadores puedan dirigir preguntas al Gobierno en el Parlamento, «ya que es al Ejecutivo francés al que le corresponde asumir la responsabilidad en este caso», insistió Egoitz Urrutikoetxea.

El abogado de uno de los dos representantes de ETA que leyeron, el 3 de mayo de 2018, la declaración por la que esa organización anunció su desaparición tras medio siglo de accionar armado, no dudó en afirmar que «en el caso de Josu Urrutikoetxea la cuestión jurídica es casi accesoria, ya que ésta es una causa política».

Perfil político e icónico

Avaló su afirmación en la declaración que un responsable de los servicios secretos de la Guardia Civil hizo tras el arresto de Urrutikoetxea. En una comparecencia junto al ministro español de Interior, Fernando Grande-Marlaska, Pablo Salas afirmó que «la Guardia Civil ha centrado su objetivo en detener al histórico miembro de ETA Jose Antonio Urrutikoetxea por su trayectoria en ese grupo terrorista, por ser un icono para esa organización, y por el papel político que jugó en el alto el fuego anunciado por ETA».

La labor de Urrutikoetxea «en la búsqueda de una salida dialogada al conflicto vasco» fue remarcada, desde distintos ángulos, por todos los participantes en la rueda de prensa.

En ese sentido, Andy Carl, quien impulsara junto a David Lord la entidad Resolution Resources, dedicada a labores de facilitación en resolución de conflicto, evocó la importancia que en esos procesos tienen «las personas que se sitúan en el seno de una de las partes en conflicto», aunque, advirtió de que, en demasiadas ocasiones, «estas personas pagan un alto precio humano y personal por su compromiso». Valoró que, a la vista de cómo se ha desarrollado el proceso de salida de la fase de enfrentamiento armado en Euskal Herria, «el papel de estas personas se puede considerar todavía más relevante».

No dudó en aludir directamente al militante vasco para remarcar que «puso su prestigio, su capacidad de influencia, y también la valentía necesaria, para realizar ese papel que ayudó a llegar al final de ETA».

El precio del compromiso

Tras confesar que «la situación por la que atraviesa Josu me resulta dolorosa», Carl constató que, no es inusual que en procesos de resolución «personas comprometidas sufran malas consecuencias». Y remarcó que, incluso después de finalizados los conflictos, algunas de las decisiones que se tomaron años antes pueden seguir pesando.

Carl recordó que cuando Nelson Mandela quiso viajar a EEUU, la administración Obama se enfrentó al obstáculo que implicaba que éste figurara en una de esas «listas negras en las que es más fácil entrar que salir».

Al igual que los otros intervinientes en la conferencia de prensa, Egoitz Urrutikoetxea abundó en el papel de «interlocutor reconocido» atribuido a su padre, evocando su implicación «reconocida pública y oficialmente» en los procesos de interlocución desarrollados en Ginebra y en Oslo.

De ahí que abogara por «dar una perspectiva a este caso que nos permita que estos argumentos puedan ser escuchados en el Estado francés». Igualmente, destacó que «no se puede obviar tampoco el efecto que detener y encarcelar a una persona que ha desarrollado esa labor de búsqueda de una solución tiene, a la vista de los parámetros internacionales en resolución de conflictos». Carl avaló la gravedad que implica actuar contra interlocutores, aunque reconoció que hay antecedentes en otros conflictos, entre los que citó los de Colombia y Filipinas.

La comparecencia sirvió para evocar la inseguridad jurídica que implica que París haya ordenado por dos veces encarcelar Urrutikoetxea, una tras su arresto, y la segunda, bajo el «impulso político» de los servicios de seguridad interior y del procurador general, que intervinieron para frenar la excarcelación que había acordado un tribunal.

Madrid pidió a Suiza y Noruega dar protección a Urrutikoetxea

La intervención de Josu Urrutikoetxea en los distintos intentos por dar una salida acordada al conflicto vasco fue remarcada a lo largo de la comparecencia. En este sentido, se recordó su presencia en las delegaciones que ETA envió a Ginebra (2005-2006) y a Oslo (2011-2013).

Fue su hijo, Egoitz, el encargado de resaltar que la persona a la que Andy Carl también otorgó la categoría de «interlocutor reconocido» gozó de inmunidad y protección para desarrollar esa labor.

«El Gobierno español solicitó expresamente a dos estados europeos, Suiza y Noruega, que respetaran esa inmunidad y que dieran protección a Josu Urrutikoetxea». De ahí que remarcara, el precedente grave que, según dijo, implica el arresto y encarcelamiento de Urrutikoetxea también para dos estados reconocidos por albergar procesos de resolución.

No obstante, el «perjuicio principal» se centraría en el Estado francés, de ahí que las iniciativas sobre este caso se vayan a centrar en interpelar a su Gobierno. En este sentido, se recordó que la actuación con Urrutikoetxea puede pesar en la credibilidad de un Estado, como el francés, que se reivindica como interlocutor en conflictos diversos en el mundo, caso de Yemen o de Oriente Medio..M.U.

Una madeja judicial compleja e hilada entre dos estados

Aunque tras su detención, el 16 de mayo de 2016 en la localidad alpina de Sallanches, las primeras causas que se le comunicaron a Josu Urrutikoetxea fueron las dos condenas que recibió de la Justicia gala, ambas en rebeldía, en los años 2010 y 2017, que están recurridas por su defensa, las solicitudes de entrega, vía extradición o euroorden, relanzadas desde Madrid tras su arresto «con absoluta precipitación, sin fundamentos claros, cuando no con voluntad de ocultar o distorsionar los hechos ante los jueces franceses», en palabras del letrado Laurent Pasquet-Marinacce, han centrado la actividad en los tribunales galos en los últimos meses.

El pasado 8 de enero, el Tribunal de Apelación de París emitió un dictamen favorable a la extradición, motivada en el atentado de ETA contra el cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza (1987), un ataque por el que Madrid no reclamó su entrega al Estado francés, que le expulsó en 1996, ni tampoco le imputó mientras estuvo encarcelado provisionalmente en el Estado español, entre esa fecha y 2000. El dictamen está recurrido en Tribunal de Casación. Las otras tres demandas de entrega, sobre las que la Justicia gala ha pedido clarificaciones a Madrid, deberán ser analizadas por la Corte de Apelación el próximo 4 de marzo. M.U.