Las y los inquilinos de Donostia de viviendas propiedad de Azora, Stop Desahucios Gipuzkoa, la asociación de vecinos de Gros Hondarpe y Amarabai califican de «insuficiente» la medida propuesta por el fondo de inversión de aplazar, y no de condonar el pago de las cuotas, prorrateándolas durante un año ante la crisis sanitaria del coronavirus.

Según explicó Stop Desahucios Gipuzkoa, Azora envió hace unos días una carta a todos sus inquilinos, incluyendo los de Inmobiliaria Vascongada, para exponerles que iba a implantar un programa que permite el aplazamiento del pago de las rentas durante el periodo de estado de alarma y el fraccionamiento posterior, durante un año, de las rentas no abonadas, a los inquilinos que pierdan el empleo (incluidos los ERTE) o, si son autónomos, reduzcan ventas o facturación un 40%.

En la misiva de Inmobiliaria Vascongada, fechada el 20 de marzo, se apunta a que las pautas que regirán este plan especial tienen su base en las que el Gobierno español ha establecido para la moratoria del pago de hipotecas ante el impacto económico y social que va a provocar el Covid-19. Además de los criterios generales fijados por Azora, añaden que están dispuestos a analizar «individualmente cada caso para buscar la mejor solución posible»

Tanto para la plataforma contra los desahucios como para los inquilinos, la medida es «totalmente insuficiente» y supone una «operación de lavado de imagen mediático», ya que Azora «no asume ningún tipo de pérdida ni ofrece realmente nada más que un aplazamiento en el pago que se distribuirá incrementando las rentas de los 12 meses siguientes». Por ello, exigido al fondo «la condonación de las cuotas impagadas mientras dure el estado de alarma».

En esa línea, resaltan en su respuesta a la filial de Azora que «las familias que pierdan su empleo o su negocio, difícilmente lo recuperarán en los meses siguientes y menos podrán pagar una renta aún mayor que la que pagaban antes», por lo que, a su entender, «el prorrateo del pago de dichas cuotas es inviable y nos ratificamos en la condonación de las mismas».

Además, los colectivos afirman que «es justo que estos fondos buitres las asuman a costa del volumen de beneficios obtenidos con la especulación en el mercado del alquiler», al tiempo que insisten en que «es perfectamente asumible, ya que no se aplica a todos los inquilinos sino solo a los que pierdan el empleo o facturen mucho menos».

Otras medidas son necesarias

«Cuando salgamos del estado de alarma, serán necesarias otras medidas para paliar las consecuencias de esta crisis, como el compromiso de no instar demandas de desahucio por impago de rentas a las familias en situación vulnerable como consecuencia de esta crisis, flexibilizaciones en el pago de modo que los afectados paguen durante un tiempo solo el 30% de sus ingresos incluyendo la renta de alquiler más los gastos de comunidad y suministros básicos», manifiestan desde Stop Desahucios Gipuzkoa.

También reclaman a Azora «el compromiso de no desalojar a las familias vulnerables cuyos contratos vayan venciendo», así como el de «renovar conforme a la ley vigente los contratos vencidos con rentas asequibles basadas en el IPC, medidas que pedimos que se extiendan a todas las viviendas propiedad de fondos, Socimis y grandes tenedores, así como a las de todas las administraciones públicas autonómicas y municipales».

Esta gestora de capital privado para la inversión inmobiliaria adquirió en enero Inmobiliaria Vascongada y se hizo cargo de sus 14 edificios residenciales de la capital guipuzcoana, donde viven unas 300 familias. La presión social le obligó hace un mes aproximadamente a renovar los contratos de arrendamiento que muchas personas tenían desde hace décadas. Antes, la inmobiliaria estuvo enviando burofax a las y los inquilinos, dando por finalizados los contratos a su fecha de vencimiento, y les seguía cobrando los recibos mes a mes en vez de renovarlos.