El desalojo del Infierno ha dejado sacado a la luz que en Donostia había entre sesenta y un centenar de personas que estaban sin techo.

El último recuento de personas sin hogar en esta ciudad se hizo en 2018. Tocaría hacerlo ahora porque suele ser cada dos años, pero parece que con la pandemia no se va a hacer. Los datos de 2018 ya eran bastante preocupantes, puesto que en Donostia había 106 personas durmiendo en la calle, más unas 300 en recursos asistenciales. Esa cifra duplicaba los datos de 2016. Ahora mismo, seguramente, nos llevaríamos las manos a la cabeza. En marzo, durante el confinamiento, según los datos del propio Gobierno municipal, ha habido unas 400 personas alojadas en diferentes recursos en esta ciudad por no tener vivienda. Ahora nos encontramos con que 60 personas que tenían un techo, somos conscientes de que en unas condiciones muy precarias pero tenían techo, de un día para otro se quedan en la calle y en todo ello en un contexto de confinamiento en el que, se supone, que de 23.00 a 6.00 nadie podría estar en la calle. Es sorprendente, por no decir otra cosa, cómo se ha gestionado la situación.

Hay que dejar claro que los servicios sociales del Ayuntamiento, el SMUS, estaba interviniendo en el Infierno, en la Fábrica, con estas 60 personas migrantes desde hace mucho tiempo, pero sobre todo desde marzo. El Ayuntamiento instaló una ducha en la propia Fábrica para que pudieran asearse, se pusieron dos lavadoras, cocinas portátiles, se ha estado repartiendo comida desde el Ayuntamiento, además de desde las asociaciones del tercer sector. Lo que quiero decir es que es una realidad que conocían perfectamente, que se ha legitimado el uso de ese espacio desde que estamos en situación de confinamiento. Y ahora, de un día para otro, el Ayuntamiento mira hacia otro lado, dice que no tenía conocimiento del desalojo y que no es su competencia. Y estas personas se ven en la calle, cuando se esta interviniendo con esas personas. Se ha preferido mirar hacia otro lado, dejarse guiar por intereses del mercado privado –en este caso los del propietario– y no activar ningún dispositivo social, que podría haber sido posible, y más sabiendo que hay muchas organizaciones que trabajan y están dispuestas a apoyar a estas personas.

¿Se sabe dónde están estas personas ahora? ¿En qué situación se encuentran?

Algunas personas consiguieron ser realojadas en habitaciones de otros conocidos, de Cáritas o de la Red Ciudadana de Acogida y SOS Arrazakeria. Intentaron resituar a algunas, pero de una manera muy complicada. A día de hoy, están en la calle. Estamos hablando en Gros. Pues en Gros mismo, en la plaza del Txofre, el otro día había cinco personas de las del Infierno durmiendo. No hay un realojo en sí. Están por toda la ciudad, donde hayan podido buenamente buscarse la vida.

La situación es preocupante en unas condiciones habituales, pero con una pandemia y un toque de queda se agrava todavía más.

Sí. No podemos entender que esto se haya hecho ahora y de esta manera. Pensamos que el Ayuntamiento, y también la Diputación Foral porque hay que recordar que parte de las viviendas de la Fábrica pertenecen a la Diputación Foral de Gipuzkoa, podrían haber actuado de otra manera. Podrían haber hablado con el propietario privado e incluso teniendo que realizar el desalojo se debía de haber activado un dispositivo para realojar a estas personas y realizar una intervención con ellas. Más teniendo cuenta la situación de confinamiento.

¿Cómo se enteró del desalojo del Infierno?

Yo estaba en casa. El miércoles por la noche recibí una llamada que me contó que la Ertzaintza estaba «invitando» a estas personas migrantes a salir con sus cosas. Eran las once y media de la noche, no tenían un lugar al que ir. A los voluntarios de la Red que, en sus coches, intentaban ayudar a estas personas llevándolas a otros puntos de la ciudad se les paró en controles. A mí misma y a mi compañera Garbiñe Alkiza, del grupo de EH Bildu en el Ayuntamiento, se nos paró en el control de la rotonda de Intxaurrondo diciéndonos a dónde pensábamos que íbamos a esas horas de la noche. Es una contradicción total.

Ha quedado en evidencia que existe una carencia de recursos para atender a estas personas.

Sí, hay una carencia de recursos que no es actual, sino que viene desde hace muchísimos años. En 2018, sin pandemia, ya había cien personas en la calle en Donostia. No porque quieran, sino porque no hay recursos para ellas. Ahora eso es más evidente. Por un lado, porque las plazas han disminuido. Con la distancia y la prevención que hay que tener hoy en día no se puede tener el mismo número de plazas asistenciales. Es decir, se reducen los medios existentes y no se crean nuevos. Vemos que los recursos que se pusieron en marzo, como los polideportivos o el frontón Atano III, fueron un parche. Ahora mismo deberían estar en activo esos recursos porque estamos como entonces, o incluso peor. Pero no vemos una voluntad real para hacer frente a esta situación. El Ararteko dijo que lo lógico sería mantener esa inversión, pero se ha decidido que no. En general, hay una escasez de medios asistenciales que se traslada a toda la Comunidad Autónoma. Los datos están ahí. Los recursos están llenos, el tiempo de espera medio para acceder a ellos es de seis meses. Creemos que hace falta un replanteamiento del sistema de atención a la exclusión social. Llevamos muchos años diciéndolo. La pandemia lo que ha hecho, como en otros sectores, es evidenciar algo que ya sabíamos y ponerlo más encima de la mesa.

En el caso del Infierno se ve que hay personas que no tienen techo mientras se habla de operaciones urbanísticas en Ibaeta, como es el caso del propio Infierno o los terrenos de ‘El Diario Vasco’.

En el caso del Infierno es verdad que hay una parte que va a VPO y es lo que constantemente repite, en este caso, Eneko Goia. Es una isla dentro de todos los proyectos urbanísticos de la ciudad, que vemos que van encaminados hacia la especulación y hacia el mercado privado sin límite y que no hay ninguna voluntad de poner techo a la política de la vivienda, como hemos visto con el tema del alquiler, que hace poco hemos propuesto en el Parlamento vasco y se nos ha dicho que no. La realidad de la vivienda en Donostia es un gran problema y el tema de las personas sin hogar es una faceta más de todo ese problema, quizás la más dramática. Pero se trata de un problema real al que no se le está poniendo límites.

Otra consecuencia de lo que me está contando es la imposibilidad de acceder a una vivienda en Donostia para la juventud.

Sí. De hecho, en el Infierno conviven dos realidades, aunque son parte de una misma. Por un lado, están los 60 migrantes de la Fábrica, pero luego hay unos pisos que son propiedad de la Diputación Foral en los que viven personas jóvenes, en su mayoría estudiantes del campus de la UPV-EHU de Donostia, que no tienen forma de acceder al mercado de alquiler. Llevan cinco años ocupando esas viviendas. Son personas de aquí, con familias de aquí, con su red social aquí… Pero su problema es que no pueden acceder a una vivienda de alquiler en esta ciudad por los precios en los que nos manejamos.