El estancamiento que se aprecia en la evolución pandémica de las últimas jornadas puede ser lógico después de semanas de caída bastante pronunciada en los contagios, pero no deja de ser preocupante si se asienta y, desde luego, no llega en el mejor momento.

Es preocupante porque muestra una tendencia hacia la estabilización de los datos cuando la afección sigue siendo demasiado alta, muy por encima de los 50-60 casos por cien mil habitantes que se fija como objetivo. Tocar suelo en cifras mucho más elevadas que esas propiciaría que un rebrote, o una tercera ola, partiera desde una posición más difícil de atajar que la segunda, cuyos efectos en forma de presión asistencial y fallecimientos estamos padeciendo. No hay que olvidar que en verano la incidencia llegó a ser inferior a ese medio centenar de casos, y que eso no impidió que en otoño el covid volviera a golpear con fuerza. Lo estamos viendo.

Y no llega en buen momento porque acabamos de empezar diciembre, un mes en el que la propia inercia social va a complicar que se mantengan las medidas de prevención que han funcionado en noviembre. Las navidades van a ser distintas a las de otros años, qué duda cabe, pero no hay duda tampoco de que se van a multiplicar los desplazamientos y los contactos entre personas no convivientes. Y a nadie se le escapa a estas alturas que la movilidad y la interacción social son el combustible que alimenta las pandemias.

Llama mucho la atención, en este sentido, que en el Estado español se haya optado por las medidas más laxas de las que se planteaban para afrontar las festividades del fin de año, rebajando las restricciones a los parámetros que defendía, no solo, pero sobre todo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, cuya gestión de la crisis sanitaria es de todo menos prudente.

Aunque, en este asunto, más llamativo es el cambio observado en el Gobierno de Lakua, que ha pasado de compartir la posición inicial del Ministerio de Sanidad, que hablaba de un máximo de seis personas en cada casa y la una de la mañana como fecha tope, e incluso proponer medidas más restrictivas en algunos ámbitos, a aceptar la laxitud de lo finalmente acordado en el Consejo Interterritorial en aras de alcanzar un «consenso».

Sería lógico que las personas que residen en la CAV se preguntaran en qué les va a favorecer a ellas que se consensúen las medidas contra el covid con Isabel Díaz Ayuso, y por qué, si no paran de recibir mensajes que apelan a su responsabilidad y a que limiten al máximo sus relaciones, la Consejería decide abrir la mano para propiciar no se sabe qué equilibrios políticos.

Además, es paradójico que después de nueve meses cargando contra la respuesta centralizada a la pandemia por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, en cuanto ha tenido opción de actuar por su cuenta Iñigo Urkullu haya decidido aligerar sus responsabilidades; en primer lugar pidiendo la reinstauración del estado de alarma, y ahora con este acuerdo prenavideño.

Por otra parte, esa especie de café para todos sanitario tiene su versión local: a diferencia de María Chivite, que llegó a confinar varios municipios, Urkullu ha actuado siempre de forma homogénea en este tema –en octubre pudo haber actuado sobre las localidades que había en zona roja, y no lo hizo–, sin atender a las situación epidemiológica tan dispar que existe en las distintas poblaciones e incluso en los herrialdes.

Y como una vez pasados los festejos navideños habrá bastante controversia sobre si hay que recuperar o no las restricciones, y esas diferencias se van a mantener, está por ver si el lehendakari las tiene en cuenta, o por el contrario insiste en su estrategia uniformizadora que tan magros resultados le ha dado.