La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) expresó ayer su preocupación ante la propuesta del PP de «legalizar» las «devoluciones en caliente» de las personas que tratan de cruzar las vallas de Ceuta y Melilla. La pasada semana, el PP registró una enmienda de adición al proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana mediante la cual pretende reformar la Ley de Extranjería y recoger en su articulado el rechazo en frontera de los inmigrantes. «Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta y Melilla, intentando el cruce no autorizado de la frontera de forma clandestina, flagrante o violenta, serán rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España», recoge el texto de la enmienda.

El ministro español del Interior, Jorge Fernández Díaz, defendió esta propuesta afirmando que la nueva legislación no pretende legalizar las «devoluciones en caliente», que son «ilegales», sino dar cobertura jurídica al«rechazo en frontera» de los inmigrantes que, dijo, se quedan en terreno de nadie y no llegan a consumar su entrada.

Sin embargo, el portavoz del ACNUR, William Spindler, advirtió ayer a Madrid de que una expulsión instantánea y sin derecho a apelación, podría violar la Convención de los Refugiados de 1951, que protege a los que huyen de sus países, recordó.

«Rechazamos esta nueva práctica por dos razones: la primera por principio, porque todas las personas que están buscando protección deberían tener la oportunidad de ser escuchadas. Y segundo, porque actualmente la mayoría de las personas que intentan alcanzar la Unión Europea son personas que huyen de países en conflicto y donde se violan los derechos humanos, y por lo tanto podrían ser calificados como refugiados por la Convención de 1951», subrayó.

Recordó que aproximadamente dos tercios de las personas que intentan cruzar el triple vallado, de hasta siete metros de altura, provienen de países que sufren conflictos armados, incluidos Siria, República Centroafricana y Mali.

«En 2013, unas 4.200 personas entraron en las dos ciudades autónomas de forma irregular por tierra y mar. En lo que va de año, más de 5.000 personas han llegado a Ceuta y Melilla, entre ellas 2.000 personas que han huido de Siria, el 70% de las cuales son mujeres y niños», precisó Spindler, quien insistió en «la importancia de permitir el acceso al territorio para buscar protección internacional».

Asimismo, expresó su preocupación por los métodos utilizados para impedir que los inmigrantes entren en territorio español. «El ACNUR pide a las autoridades españolas que no se utilice la violencia en las fronteras españolas» y que se aplique escrupulosamente «la protección de los derechos humanos y los refugiados», dijo Spindler.