Representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y del ámbito judicial han rechazado esta mañana el Decreto aprobado por el Gobierno como supuesta solución al problema de los desahucios. En una rueda de prensa celebrada en el Colegio de Abogados de Barcelona, la portavoz de la PAH, Ada Colau, ha explicado que, «lejos de mejorar la situación, podría llegar a empeorarla».

Colau se ha lamentado de que después de las eternas reuniones entre el PSOE y el PP, el único resultado haya sido «este decreto que obedece una vez más a la banca», ya que se mantiene en la línea de la decisión tomada por los bancos la semana pasada. Igual que el decreto ‘De Guindos’ de este mismo año, Colau ha remarcado que podría llegar a empeorar la situación, ya que la banca podría refugiarse en dicha medida del Gobierno para negarse a negociar en los casos que no cumplan con los requisitos impuestos por el Decreto, «que son la gran mayoría», según ha explicado. Como ejemplo, basta decir que, según han explicado en la rueda de prensa, Amaia Egaña no hubiese podido acogerse a las nuevas medidas.

Colau, que se ha felicitado por el éxito de la movilización social de las últimas semanas, ha insistido en que lo urgente es una moratoria absoluta de los desahucios para los deudores de buena fe, que son la inmensa mayoría. Ha explicado que esta no debería ser más que la medida más urgente a tomar, para paliar «el drama que en estos mismos momentos están sufriendo miles de familias». Pero esta no debería ser más que una medida urgente, ya que no acaba con el problema estructural de los afectados por la hipoteca. Para ello, insistió en que el camino lo marca la ILP propuesta por la propia PAH y otras entidades sociales, que además de la moratoria, exigen la dación en pago con carácter retroactivo y la conversión de la hipoteca en un alquiler social, adecuado a la renta de cada persona.

La portavoz de la plataforma ligó esta última demanda con la creación del llamado Banco Malo, que absorberá los fondos tóxicos de la banca, algo que en muchos casos se traduce en el inmenso stock de viviendas vacías. «Es una oportunidad inmejorable de convertir esas viviendas en alquileres sociales», ha señalado Colau.

Por su parte, el abogado Martí Batllori, del Colegio de Abogados de Girona, ha calificado el Decreto del Gobierno de «inconcreto, incompleto y vergonzoso». «Inconcreto porque deja muchos temas en el aire, incompleto porque solo soluciona algún caso aislado y vergonzoso porque, después de todo el trabajo que se ha hecho sobre la materia y después del circo de las reuniones, se ha acabado con un papel de dos artículos que no sirve para nada».

Afectados y abogados han anunciado además que el próximo lunes convocarán a todos los afectados a presentar peticiones de paralización del procedimiento a los jueces, con el objetivo de forzar al poder judicial a tomar medidas.