El ministro español de Hacienda y Administraciones Públicas ha comparecido en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros para explicar que el Ejecutivo español ha dado luz verde al informe del anteproyecto de la reforma de la administración local y ha remitido el texto al Consejo de Estado como paso previo a su posterior envío a las Cortes Generales.

El ministro español de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado que el 82% de los ediles realizarán su actividad sin cobrar, es decir, que del total de concejales (68.285), solo 12.188 tendrán remuneración.

Los primeros ediles de los municipios con menos de 1.000 habitantes tampoco cobrarán remuneración alguna.

Los ingresos del regidor de las ciudades mayores no podrán superar a los de un secretario de Estado, nómina que irá bajando por tramos de población hasta los municipios de mil a dos mil vecinos, cuyo alcalde cobrará un 20% de esa cantidad.

El texto fija la lista de competencias propias de los municipios y la desaparición de las llamadas impropias, aquellas de titularidad autonómica que los ayuntamientos venían ejerciendo. A partir de ahora, esto solo podrá ocurrir cuando esa competencia vaya acompañada de financiación suficiente y si la autonomía no la paga en tiempo, Hacienda le descontará el dinero de su participación en los ingresos del Estado español.

La norma contendrá también importantes novedades para la vida municipal, como una limitación en el salario de sus funcionarios, fijada cada año en los Presupuestos del Estado, o el regreso de interventores y secretarios al cuerpo de funcionarios estatales, lo que concederá independencia a la gestión financiera municipal.

Además, todas las entidades locales y sus empresas y organismos deberán cumplir unos estándares de calidad y de eficiencia, y rendir cuentas en tiempo y forma. Las que no cumplan estos parámetros, o desaparecerán (mancomunidades y sociedades municipales) o deberán ceder sus competencias a las diputaciones (para los municipios de menos de 20.000 habitantes).

Montoro ha informado de que el Gobierno español estima que la reforma de la Administración local podría suponer un «ahorro potencial» total de 7.628 millones de euros en el periodo comprendido entre 2013 y 2015.