Aprobada la Declaración de Soberanía, ¿qué hoja de ruta plantea ERC para hacer efectivo el derecho a decidir?
La hoja de ruta se estructura en tres agendas: una catalana que consiste en aprobar los instrumentos legales para hacer un referéndum; una agenda española que consiste en ir al Gobierno español y pedir autorización para realizar este referéndum en un marco legal que ya existe, que es de una ley que aprobamos en 2010; y una tercera agenda que es la internacional, que consiste en internacionalizar la causa.

¿Cuál es el calendario que manejan en estas tres agendas?
No tenemos una planificación muy detallada porque entendemos que en función del contexto puede variar e incluso precipitarse, si la situación económica y financiera de Catalunya sigue como está. En cualquier caso, el primer paso ya está dado, que era la Declaración de Soberanía, muy importante para centrar esta legislatura en el Parlament y en el ejercicio del derecho a decidir. El segundo paso es tramitar la ley de consultas, que ya estamos haciendo, y un tercer paso será pedir autorización al Gobierno español para hacer el referéndum. Aquí nos situaremos a finales de 2013, cuando podremos determinar si podemos celebrar la consulta, cuándo la podemos celebrar y si estamos en condiciones de estudiar otros escenarios posibles.

¿Cuáles serán esos escenarios si no hay consulta posible?
Nosotros no descartamos ningún recurso para que del pueblo de Catalunya salga un mandato democrático sobre el futuro político de nuestro país. Contemplamos varios escenarios: la declaración unilateral de independencia, otro escenario del estilo de algunos procesos de secesión avalados por la corte internacional y que pasan, por ejemplo, por una asamblea de cargos electos, la vía municipal y local, unas elecciones anticipadas ‘expreso’ o aprovechar algunas de las elecciones que ya tienen un marco legal, etc. Yo creo que escenarios, hay múltiples.

Entrando en el acuerdo entre ERC y CiU, ahora llegan los presupuestos con un recorte de 4.000 millones de euros. ¿Esto tensionará esta relación entre ambos partidos?
Nosotros tenemos vocación de país en este sentido y eso significa que desbordaremos al Govern con propuestas y con medidas para evitar recortes sociales. Estamos en contra de que la gente que más sufre la crisis sea la que más la tenga que pagar. Superar un recorte de 4.000 millones de euros es prácticamente imposible si no se actúa en primer lugar sobre cuestiones que son de justicia, como la flexibilización de los objetivos de déficit, el expolio fiscal de 16.000 millones de euros cada año y los impagos del Gobierno español relativos al Estatut. Si el Gobierno nos pagara los 4.000 millones de euros que nos debe de este último concepto no estaríamos haciendo recortes. Y esto no solo lo queremos trabajar con CiU, entendemos que debería haber un gran pacto de país en este sentido.

¿Cómo gestionan el descontento que los recortes pueden llegar a provocar en su propia base electoral?
Pues asumiendo una gran responsabilidad de país y entendiendo que es un hecho extraordinario y que estamos trabajando para salir de esta situación de forma definitiva. Lo único que nos permite justificar y asumir ajustes que ni a nosotros nos gustaría tener que hacer es explicar que estamos caminando hacia la libertad de nuestro país y construyendo nuestro propio Estado.

Desde otras formaciones se critica que el proceso soberanista esté quedando demasiado atado a las acciones de un determinado Gobierno y dirigido por una dinámica institucional. ¿Cómo ven esto? ¿Qué papel debería tener la sociedad civil?
Firmamos la hoja de ruta con CiU porque necesitábamos tener la garantía de que CiU no flaquearía en este camino hacia la libertad nacional. A partir de ahí, nuestro objetivo siempre ha sido el de abrir, compartir y convertir esta hoja de ruta en una hoja de país, porque este camino no puede ser ni de un partido ni de dos. Creo que hemos tenido capacidad de reacción y hemos modificado parte de la hoja de ruta pactada con CiU, y en lugar de hacer una oficina pública en el Govern, que era la que debía dirigir todo el proceso, lo que hemos hecho es trabajar en un gran pacto nacional.

Si llega una contraoferta de Madrid, ¿existe el riesgo de que el proceso se ralentice o paralice?
Creemos que la situación actual es irreversible, no tiene marcha atrás, entre otras cosas porque lo que no entiende el Gobierno español es que la ciudadanía ha agotado el margen de confianza respecto a todas las decisiones y a todos los acuerdos que ha hecho siempre con Catalunya. Nunca ha cumplido ni un solo acuerdo.

Si en Euskal Herria se viviese un proceso de características similares, ¿sería más fácil generar un frente común para evidenciar la cerrazón del Estado español?
Yo creo que en parte tenemos agendas comunes y complementarias, porque el Gobierno español es el mismo para los dos y tiene los mismos comportamientos. Ya hemos compartido alguna iniciativa en el Congreso español recientemente, que fue pedir la regulación del derecho a la autodeterminación en el Estado español. Lo que debemos hacer es evidenciar que en ningún caso el Gobierno español nos da salida a nuestras aspiraciones nacionales. Hay puntos de encuentro que seguramente tendremos que trabajar y tendremos que aprovechar.