El pasado 10 de abril, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) dictó una resolución sin precendentes en contra de la piedra angular del modelo educativo catalán: la inmersión lingüística. El alto tribunal exigió que, si un solo alumno pide ser educado en castellano, toda la clase que lo acompaña deberá utilizar también el castellano como lengua vehicular. Es el último capítulo de una batalla judicial que viene de lejos, empeñada en crear un conflicto inexistente en la sociedad catalana, en la que tan solo 17 familias han pedido escolarizar a sus hijos en castellano.

Judicialmente, la última batalla comenzó con la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut, que no solo echó por tierra el intento de conseguir un nuevo encaje de Catalunya en el Estado español, sino que sentó las bases para desmantelar parte del autogobierno construido en los 30 años anteriores, en especial el modelo de inmersión lingüística. Concretamente, se sentenció que la inmersión lingüística solo tenía cabida en la Constitución «si no impide el libre y eficaz ejercicio del derecho a recibir la enseñanza en castellano como lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza».

Esta sentencia puso las bases para la doctrina dictada posteriormente por el Tribunal Supremo el 22 de diciembre de 2010, que estableció que el castellano también debe ser lengua vehicular en la educación en Catalunya, instando a la Generalitat a tomar las medidas que lo posibilitasen. Una doctrina aplicada por el TSJC el 8 de marzo de 2012, cuando obligó a la Generalitat a escolarizar en castellano a los hijos de las tres familias que pusieron la demanda. Aquella primera interlocutoria, sin embargo, no ponía en cuestión el modelo de inmersión lingüística, por lo que la Generalitat se limitó a ofrecer una atención personalizada a los alumnos cuyos padres quisieran escolarizar en castellano.

Aquí es, precisamente, donde radica la novedad de la última resolución del TSJC. Pese a que el Supremo avaló el pasado 19 de febrero la inmersión lingüística con una nueva sentencia –subrayando el derecho de las familias a escolarizar a sus hijos en castellano, pero de manera particular–, la semana pasada los tribunales catalanes fallaron a favor de las familias demandantes, emitiendo la resolución ya conocida, que puso en pie de guerra a la comunidad educativa y política de Catalunya, con episodios como los de los diputados de ERC expulsados de la tribuna de oradores del Congreso por hablar en catalán.

La batalla política

Pese a que la batalla está sin acabar –la Generalitat ha anunciado que recurrirá la resolución–, el cerco sobre la inmersión lingüística va estrechándose cada vez más, no solo desde el ámbito judicial, sino también desde el político. No en vano, la reforma educativa del ministro José Ignacio Wert también recoge la sentencia del Constitucional e impone el castellano como lengua vehicular en todo el Estado. De hecho, el ministro dejó muy claro que su objetivo es «españolizar» a los alumnos catalanes. Se trata de una política lingüística que en Catalunya relacionan estrechamente con el PP, apuntando como ejemplo de ello el proceso de residualización de la lengua catalana que están llevando a cabo los gobiernos autonómicos del PP en Illes, País Valencià y Franja.

Así las cosas, el tema está cerca de enquistarse como uno de los frentes de batalla en el conflicto entre Catalunya y el Estado español, con unos poderes judicial y político apostando por la eliminación de la inmersión lingüística y con la inmensa mayoría de la sociedad catalana y todos los partidos políticos –excepto, claro está, PP y Ciutadans– cerrando filas en su defensa.