La Administración del Estado, a través de la Delegación del Gobierno español, interpuso varios recursos contencioso administrativos contra la decisión de los ayuntamientos de Alegia, Astigarraga, Oiartzun y Urretxu por colocar en la fachada de la Casa Consistorial pancartas reclamando la repatriación de los presos.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Donostia ha resuelto ordenar la retirada de las pancartas alegando que comprometen la «neutralidad política» ya que una entidad local no puede actuar «al servicio» de grupos de un determinado signo político o ideológico.