En su informe anual 2013 sobre el racismo en el Estado español, que contiene datos relativos a 2012, SOS Racismo recoge una tendencia creciente a rechazar el fenómeno migratorio, por lo que solicitan una Ley de Igualdad al considerar que el «racismo social» va en aumento con actuaciones discriminatorias en el acceso a los servicios y a locales públicos, lo que supone un 32,4% del total de denuncias recibidas en sus oficinas.

Los portavoces de la organización Agustín Unzurrunzaga y Brígida Ridruejo han criticado la exigencia de tener un año de empadronamiento en la CAV para tener acceso a los servicios sanitarios públicos, medida adoptada el pasado año por el Ejecutivo de Lakua, y han solicitado su eliminación.

Otra de las cuestiones que ha concentrado las denuncias de inmigrantes en situación irregular en las oficinas de SOS Racismo en la CAV, enclavadas en Bizkaia y Gipuzkoa, es la dificultad que están encontrando para acceder a una vivienda de alquiler de protección social.

Todas estas situaciones, que suponen un tercio de las denuncias recibidas en 2012, conforman lo que los portavoces han denominado «racismo social» y que viene a confirmar, a su juicio, el «preocupante» descenso de la tolerancia hacia el inmigrante en la CAV detectado en el último informe de Ikuspegi.

La organización también ha constatado un incremento de las denuncias por redadas e identificaciones policiales indiscriminadas en las calles de Bizkaia, Araba y Gipuzkoa.

También han expresado su preocupación por la posibilidad de que se consolide en la sociedad el discurso de discriminación hacia los inmigrantes que esgrimen algunos partidos políticos bajo el mensaje de que, durante la crisis, «primero los de casa».

Nafarroa

Respecto a la situación de Nafarroa, donde no se aplica el decreto del Gobierno español sobre la sanidad, han destacado que es el caso idóneo, ya que se garantzi el derecho universal a la asistencia sanitaria al margen de la situación administrativa.

Sin embargo, han criticado que las personas en situación irregular no podrán acceder a la Renta de Garantía de Ingresos y han señalado que los «brutales» recortes en materia social que se han dado en este herrialde auguran «un panorama complicado para la integración y la convivencia».