El Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión (ACTI), en inglés Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), podría ser una realidad dentro de dos años, que es el plazo que EEUU y la Unión Europea (UE) se han dado para negociar un tratado largamente deseado por multinacionales a ambos lados del Atlántico. Las autoridades de ambas instituciones se empeñan en resaltar los beneficios del acuerdo, pero las voces críticas empiezan a abrirse paso, advirtiendo sobre los peligros que puede conllevar para el amenazado Estado social europeo.

Sobre el papel, según un vistoso decálogo de la Comisión Europea, el objetivo del ACTI es «eliminar barreras al comercio (aranceles, normativa innecesaria, restricciones a la inversión, etc.) en una amplia variedad de sectores económicos». Pero las consecuencias llegan bastante más lejos. De hecho, la propia UE reconoce, en el mismo documento, que el acuerdo obligaría a modificar la legislación de cada Estado, eliminando el mínimo control que todavía se ejerce sobre el libre mercado.

Los supuestos beneficios

El documento europeo referido se dedica a ensalzar las supuestas ventajas que el ACTI tendrá tanto para empresas como para ciudadanos, tanto en EEUU como en la UE. Citando un estudio del liberal Center of Economic and Policy Research de Londres (CEPR), la UE asegura que «la eliminación de las barreras al comercio impulsará el crecimiento económico y contribuirá a la creación de empleo y a la bajada de los precios», añadiendo que «la economía de la UE obtendría unos beneficios de aproximadamente 119.000 millones de euros anuales, lo que equivale a 545 euros por hogar medio de la UE».

Esa visión idílica de la UE continúa asegurando que «este beneficio se conseguirá mediante el abaratamiento de los bienes y los servicios», ya que «los precios caerán como consecuencia de la eliminación de los aranceles a la importación de mercancías estadounidenses, así como de la derogación de la normativa innecesaria que impone costes a la compraventa entre la UE y los EEUU».

Los peligros

Frente a esta versión de color de rosa, son varios los economistas y analistas que han alzado la voz de alerta, tanto en EEUU como en países europeos. En Euskal Herria, igual que en el Estado español, apenas se ha hablado del tema, que sigue siendo completamente ignorado en el debate público. Uno de los economistas que ha denunciado algunos de los peligros es Juan Hernández Vigueras, miembro del Consejo Científico de la sección española de ATTAC, un movimiento a favor de la justicia económica global. En declaraciones a NAIZ, Hernández advierte de que «el sentido de estas negociaciones no es solo bajar las barreras aduaneras, que ya están muy bajas, sino evitar regulaciones de cualquier tipo que supongan una barrera al comercio internacional». «Básicamente es un acuerdo para desregular, más que para regular nada», añade.

Es decir, el acuerdo que negocian EEUU y UE no se limita a un clásico tratado de libre comercio que permita la libre circulación de bienes y servicios entre los firmantes, sino que obliga a los Estados firmantes a modificar su legislación actual y renunciar a cualquier regulación financiera, sanitaria o medioambiental –son ejemplos– con la que pretendan salvaguardar los intereses de los ciudadanos.

Los sectores afectados son innumerables, y las consecuencias, también. Al otro lado del Atlántico, la directora de Public Citizen's Global Trade Watch, Lori Wallach, advierte en un reciente artículo en ‘Le Monde Diplomatique’: «Desde la cima del Estado federal hasta los consejos municipales, pasando por las gobernaciones y las asambleas locales, los mandatarios deberán redefinir de principio a fin sus políticas públicas de manera tal que satisfagan los apetitos del sector privado en los sectores que todavía en parte se le escapan». Y enumera algunos: «Seguridad de alimentos, normas de toxicidad, seguros de salud, precios de fármacos, libertad en la red, protección de la vida privada, energía, cultura, derechos de autor, recursos naturales, formación profesional, obra pública, inmigración; ningún campo de interés general dejará de pasar por las horcas del libre comercio institucionalizado».

La autora estadounidense lo resume en una frase: «Los privilegios de las multinacionales alcanzarían estatus de ley y dejarían a los gobernantes sin ningún margen de maniobra, cambie o no cambie el color de los gobiernos».

Secretismo

La visión de Wallach puede parecer apocalíptica, pero lo cierto es que resulta difícil de rebatir, ya que apenas existe información sobre unas negociaciones que transcurren bajo el más estricto secretismo. De hecho, haciendo gala de un cinismo antológico, la Comisión Europea informa al ciudadano de que «para que las negociaciones comerciales funcionen y tengan éxito, es necesario un cierto grado de confidencialidad». Argumento repetido en EEUU por el exsecretario de comercio Ron Kirk, que el año pasado insistió en la utilidad de «preservar cierto grado de discreción y confidencialidad».

Kirk realizó estas declaraciones sobre el Trans-Pacific Partnership (TPP), un acuerdo similar al negociado ahora con la UE, firmado por 10 países a ambos lados del Pacífico. Tal y como señala Wallach en su artículo, lo hizo recordando que hace cerca de una década, los negociadores del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) hicieron público un borrador del tratado y «posteriormente fueron incapaces de llegar a un acuerdo». Es decir, lo que Kirk parece indicar es que el objetivo implícito de mantener las negociaciones en secreto es impedir que la sociedad conozca los detalles del acuerdo y se organice en contra, tal y como ocurrió en la mayoría de países latinoamericanos, contribuyendo a la llegada de un nuevo ciclo político que todavía dura en América Latina.