«Es necesario que se adopten medidas adicionales para reducir la tasa de paro que, el pasado mes de octubre, se situaba en el 26,7%», señala la OCDE en su informe sobre la reforma laboral.

En este sentido, la OCDE señala que el Estado español aún es uno de los países de la organización con las indemnizaciones obligatorias por extinción de contrato más cuantiosas, por lo que sugiere «reducir con el tiempo los costes de las indemnizaciones por despido para las grandes empresas, y acercarse así a la media de la OCDE y de Europa».

Otras medida que el Gobierno podría adoptar es, según este organismo, la reducción adicional de la incertidumbre judicial en relación con los despidos colectivos, por ejemplo, tratando los despidos colectivos no ajustados a derecho de la misma manera que los despidos individuales improcedentes, «lo cual es una práctica habitual en la mayoría de países de la OCDE».

Asimismo, la organización considera que existe mucho margen para mejorar la efectividad de las políticas dirigidas a promover la reincorporación de los demandantes de empleo al mercado laboral, incluido el refuerzo de la coordinación entre el gobierno de Madrid y las comunidades autónomas.