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MADRID

Acuerdan prohibir los cigarrillos electrónicos en escuelas, hospitales y transporte

Los cigarrillos electrónicos no se podrán usar en centros sanitarios, educativos e infantiles, en el transporte público y en el ámbito de las administraciones públicas, especialmente en las oficinas de atención al público, según han acordado el Ministerio español de Sanidad y las comunidades autónomas.

Una mujer fuma un cigarrillo electrónico. (Kenzo TRIBOUILLARD/AFP PHOTO)
Una mujer fuma un cigarrillo electrónico. (Kenzo TRIBOUILLARD/AFP PHOTO)

La ministra española de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha acordado con las comunidades autónomas prohibir el consumo de cigarrillos electrónicos en zonas infantiles y centros escolares, en centros sanitarios, en el ámbito de las administraciones públicas (especialmente en las zonas de atención al ciudadano) y en el transporte público, y el objetivo es que dicha prohibición pudiera estar lista en enero.

Así lo han acordado en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema estatal de Salud que se ha celebrado este miércoles, donde según la propia ministra ha habido un debate «intenso» sobre este tema, ya que preocupa a todas las comunidades al ser productos que hasta ahora no cuentan con una regulación específica.

El objetivo «prioritario e irrenunciable», ha defendido Mato, es proteger a los menores del vapor que desprenden estos productos, ya que todavía no hay evidencias científicas de los efectos que pueden provocar.

Para formalizar dicha prohibición, el objetivo del Ministerio español de Sanidad es hablar con los grupos parlamentarios «lo antes posible», bien esta próxima semana o principios de enero, para pedirles que incluyan esta prohibición del consumo en alguno de los proyectos legislativos que hay actualmente en tramitación, para que «en el mes de enero pueda estar ya contemplado».

Asimismo, plantearán también a los grupos parlamentarios regular estos productos «en el resto de los ámbitos» de acuerdo a lo que establece la actual Ley antitabaco.

En este punto, en cambio, dejarán en manos del Congreso y Senado ver «si quieren avanzar más» en la prohibición de su consumo y extenderla a otros espacios o prefieren «darse un tiempo» y conocer las evidencias científicas relacionadas con su consumo.