Al cuestionar las balanzas fiscales y anunciar la publicación de un nuevo «balance de cuentas públicas regionalizadas», el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, creó confusión en el ámbito académico y político, sobre todo cuando aseguró que no se publicarían las balanzas fiscales. Días más tarde, el economista encargado del nuevo cálculo, Ángel de la Fuente –colaborador de la Fundación FAES– aclaró que el nuevo cálculo no prescindiría de las balanzas fiscales, pero que solo las publicaría según el método del flujo del beneficio.

Se trata del método que amortigua el déficit en casos como el catalán, ya que contabiliza como inversión en Catalunya gastos que supuestamente van en beneficio de todos los ciudadanos, incluidas las partidas del Ministerio de Educación de José Ignacio Wert y su nueva ley con la que aspira a «españolizar a los alumnos catalanes». De esta manera, se incluye también como inversión en Catalunya el dinero destinado a la acción exterior diplomática del Estado, pese a estar concentrada en los últimos meses en contrarrestar el proceso independentista.

Según los cálculos de la Generalitat, con el flujo del beneficio, el déficit fiscal de Catalunya se sitúa en el 5,8% del PIB –en vez del 8,5% resultante del flujo monetario–, algo que se traduce en 11.000 millones de euros al año. Pese a ser menor, sigue siendo un déficit importante, pero en la explicación ofrecida en Girona, De la Fuente aseguró que la financiación de Catalunya se situaba en la media del resto del Estado, sin agravio fiscal alguno. Algo que volvió a despertar las alarmas en Catalunya, ya que la única fórmula que permite mostrar una financiación catalana acorde a su aportación es aquella que prescinde de la neutralización.

Todavía es una incógnita si el nuevo cálculo neutralizará las balanzas, una decisión que se sitúa más en la arena política que en la económica. De hecho, cuando desde el Estado español se asegura que hay algunos años sin déficit fiscal en Catalunya, se hace sin haber neutralizado las balanzas. Es el caso del ejercicio de 2009, en el que el Estado alcanzó un déficit récord de cerca del 11%. Esto supuso que para financiarse tuvo que acudir a los préstamos del mercado financiero, a un interés muy alto.

Si no se aplica la neutralización, ese dinero proveniente del endeudamiento se contabiliza en primera instancia como inversión en las CCAA, por lo que es evidente que, aquel año, el Estado aportó más a Catalunya de lo que recibió en recaudación de impuestos. Pero la trampa es evidente, ya que el dinero del endeudamiento, computado en primera instancia como inversión, se convierte rápidamente en un gasto, ya que, al ser una deuda, hay que pagarla. Y quien la paga son las CCAA con sus impuestos recaudados.

Lejos de ser una cuestión económica, los esfuerzos de Montoro por desprestigiar las balanzas fiscales son una muestra de la batalla política entre Catalunya y el Estado español, así como un ejemplo de la falta de argumentos del españolismo, que ante la evidencia de unas balanzas que perjudican a Catalunya, opta simplemente por no publicarlas según el flujo monetario. Unas balanzas que, lejos también del tópico del catalán tacaño, muestran el maltrato fiscal permanente del Estado, tanto hacia el Principat como hacia las Illes y el País Valencià. Algo que en Catalunya ha llevado a una mayoría social, según las encuestas, a la convicción de que, efectivamente, con un Estado independiente vivirán mejor.