Según fuentes judiciales citadas por Europa Press, la declaración de los máximos responsables del Gobierno español en Melilla y del Instituto Armado será el próximo 25 de febrero por la devolución a Marruecos de 12 de los 21 inmigrantes que accedieron en vehículos a toda velocidad por los puestos fronterizos de Beni-Enzar y Farhana y que Prodein y CPM consideran «ilegal». Las declaraciones serán grabadas en vídeo.

El titular del juzgado, Miguel Angel Aguilar, también ha pedido a la Brigada de Extranjería de la Jefatura Superior de Policía de Melilla que especifique los pasos que se dieron para estas devoluciones y a la Comandancia de la Guardia Civil en la ciudad que detalle qué agentes identificaron y participaron en estas expulsiones.

La ONG y el partido político denunciantes han basado su denuncia en la rueda de prensa que dio Abdelmalik El Barkani el 13 de febrero de 2013, en la que informó de estas devoluciones en base al acuerdo de readmisión de inmigrantes pactado entre el Estado español y Marruecos en 1992 y publicado en el BOE en el año 2012.

El Barkani subrayaba que tomaba esta determinación para frenar los «coches kamikazes», consistentes en vehículos repletos de migrantes que accedían a Melilla a toda velocidad.

El delegado sostuvo entonces que era necesario «replantear la consideración» que se da a quienes llegan a Melilla «violentando la frontera o prestándose al chantaje humanitario que favorezca el negocio de las mafias».

Procedimientos ilegales

Prodein y CPM, en cambio, consideran que estas expulsiones no se ajustan a la legalidad porque aseguran que los inmigrantes «no fueron identificados» para saber por ejemplo «si entre ellos había menores de edad». Tampoco entienden que se ajuste al convenio con Marruecos que esgrime la Delegación del Gobierno español pues, conforme explicaron en la denuncia, el mecanismo que contempla no supone «la ausencia absoluta de trámites administrativos, ni la ausencia de derechos para los extranjeros».

De hecho, el convenio especifica que los agentes españoles deberán identificar a los extranjeros para recabar cuanta información sobre ellos sea posible antes de entregarlos a las autoridades alauitas. Estas, a su vez, deben expedir una documento que certifique la entrega.

Los denunciantes aseguran que estas doce personas sobre los que se interesa el juez «fueron conducidas sin tan siquiera ser identificadas, ni conocer nada de sus circunstancias a Marruecos». «De hecho, podemos prever que ni tan siquiera consta algún registro de la acción realizada por la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», exponían en la querella.

Esta es la primera actuación judicial en torno a la práctica de expulsiones sumarias que diversas ONG como la propia Prodein o la estadounidense Human Right Watch vienen denunciando por tratarse de una práctica contraria al ordenamiento jurídico español, según el cual, cuando un inmigrante entra en territorio español, debe abrírsele un procedimiento administrativo que garantice, entre otras cosas, que pueda pedir asilo si es el caso.

Prodein lleva semanas difundiendo grabaciones en vídeo para denunciar que los inmigrantes son conducidos en furgones de la Guardia Civil a un portón trasero de la valla de Melilla diseñado para el trasiego del personal de mantenimiento y allí mismo son entregados a las fuerzas policiales marroquíes sin que medie ningún tipo de procedimiento administrativo.

La última de las grabaciones difundidas por esta organización muestra cómo tres personas a nado son empujadas con un bastón, atadas con una cuerda y arrastradas hasta aguas marroquíes por una patrullera de la Guardia Civil en lo que, según denuncian, sería una práctica habitual de los agentes para expulsar ilegalmente del área de influencia marítima española a inmigrantes que intentan alcanzar territorio español por esta vía.