Joseba Azkarraga, uno de los impulsores de Sare, ha avanzado a través de su cuenta de Twitter que el delegado del Gobierno español en la CAV, Carlos Urquijo, intenta impedir que se celebre el acto que la red ciudadana había organizado para el 20 de setiembre a las 18.00 en el pabellón Bilbao Arena de Miribilla para reclamar el fin de la dispersión.

«Urquijo cabalga de nuevo. El delegado Gobierno pretende prohibir acto de SARE el 20 Set.en Bilbo. Respondamos con presencia masiva», señalaba Azkarraga en su twit.

Urquijo ha enviado una carta al alcalde de Bilbo, Ibon Areso, en la que le solicita que no ceda el pabellón Bilbao Arena a Sare porque entiende que el acto convocado «incide de manera directa en los supuestos que los poderes públicos tienen la obligación de prevenir y evitar».

Argumenta que las leyes de reconocimiento a las víctimas «encomiendan a los poderes públicos» que adopten medidas para «prevenir y evitar» actos públicos «que entrañen descrédito, menosprecio o humillación a las víctimas» o que supongan «exaltación del terrorismo, homenaje o concesión pública de distinciones a terroristas».

«Considero que el Ayuntamiento de Bilbao no debe ceder bajo ninguna circunstancia» un local municipal a Sare, insiste.

«Respuesta masiva»

La red ciudadana ha denunciado a través de una nota que actitudes como la de Urquijo «nos retrotraen a épocas pasadas, basadas en las prohibiciones y censuras de cualquier revindicación democrática» como el fin de la dispersión y el respeto a los derechos humanos de los presos.

Sare afirma que no caerá «en ninguna provocación» y ha pedido a la sociedad vasca que «responda a estos intentos intimidatorios con una presencia masiva» el 20 de setiembre en Miribilla.

A Urquijo, al PP y al Gobierno español les ha pedido que «ajusten sus políticas a la nueva situación de esperanza e ilusión que vive nuestro pueblo».

«No sirven recetas del pasado para impedir la libre voluntad de los ciudadanos y ciudadanas», subraya en su nota.

Sare se dio a conocer públicamente el pasado 15 de junio en Donostia. Nació con el objetivo de trabajar por la resolución y los derechos humanos de los presos, exiliados y deportados.