Los obstáculos para celebrar la consulta del 9 de noviembre no solo los pone Madrid. El catedrático de ciencia política de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Joaquim Brugué, fugaz miembro de la Comisión de Control de la consulta a propuesta de ICV-EUiA, anunció ayer que renuncia a participar en esta instancia fundamental para la celebración de la consulta, ya que ejerce la función de Junta Electoral Central.

En declaraciones a ‘Crític’, Brugué, que fue director general de Participación Ciudadana durante el Tripartit, asegura que no quiere legitimar «una iniciativa que ha quedado fuera de la ley» y que considera que «no se dan las garantías democráticas» suficientes para mantener la convocatoria. «Me creí lo que decía el president de que no se haría nada fuera de la legalidad y no se haría nada si no había plenas garantías democráticas», añade el politólogo, quien concluye que no quiere colaborar en «ninguna escenificación» para dar «cobertura legal a un acto que no la tiene».

La renúncia és personal. Accepto totes les crítiques, però no puc avalar una consulta que, al meu parer, no ofereix garanties democràtiques

— Quim Brugué (@QuimBrugue) October 5, 2014

La opinión de Brugué choca con la de los otros seis miembros de la comisión, propuestos por CiU, ERC y CUP, que apuestan por seguir adelante con el trabajo. De hecho, este fin de semana se reunieron por primera vez para analizar la situación y constatar que, a día de hoy, es posible celebrar la consulta con garantías democráticas.

Así lo ha asegurado esta mañana el abogado Benet Salellas, que integra la comisión a propuesta de la CUP. Salellas ha asegurado que este órgano «sigue el guión cumpliendo con la ley» con «pulcritud y formalismo».