Por qué las sociedades modernas castigan de manera tan diferente? ¿Por qué unas son más represivas y otras más tolerantes frente al delito? ¿Cómo pueden explicarse estas diferencias? Para responder tajantemente a estas cuestiones haría falta un extenso análisis histórico y un trabajo de campo que compare los diferentes sistemas penales. Seguramente, muchas diferencias emanen de los contratos sociales que las diferentes poblaciones se dieron a sí mismas hace siglos y que hoy en día se hacen más pronunciadas, de cuándo abolieron la pena de muerte -si ya lo han hecho-, de cuáles son los índices de encarcelamiento y las condiciones en las prisiones.

Es evidente que hay diferencias notables entre los países anglófonos y los nórdicos. En Escandinavia, la política de justicia criminal raramente entra dentro del rifirrafe entre partidos. No existe la competición política para decidir «quién es el más duro entre los duros» ante el crimen. Las decisiones sobre las mejores prácticas se dejan en manos de los profesionales sobre el terreno. Los medios de comunicación no sensacionalizan el crimen y, en cierta manera, ayudan a sostener una barrera entre una política populista y una política de prisiones basada en datos y resultados concretos. Y en todo ello influye el hecho de que son países con una historia y tradición de consenso político, relativamente pequeños y con una población homogénea, con los mejores servicios sociales del mundo, incluyendo la mejor educación pública.

A diferencia del régimen estadounidense de encarcelación masiva, con tasas que superan ampliamente a las del Gulag soviético de los años 50 -casi 2.300.00 presos (716 por cada 100.000 personas) y cerca de otros 4 millones bajo control penal-, quizá algunos se pregunten dónde está la prisión en el modelo carcelario de Escandinavia, dónde los impenetrables muros y alambradas, dónde las condiciones de castigo que satisfacen el sentido de la justicia -o la sed de venganza-.

La normalidad en las prisiones escandinavas se rige por un principio claro: No hay castigo más efectivo que aquel que nunca, y en ningún sitio, anuncia su intención de castigar. En otras palabras, que el castigo es la restricción de la libertad, pero que ningún otro derecho puede ser eliminado. Durante el cumplimiento de la sentencia, la vida en el interior de las cárceles debe parecerse lo más posible a la vida en el exterior, ya que, cuanto más cerrado y punitivo sea el sistema, más difícil será volver a la libertad.

Nuevas tendencias

Las prisiones de Suecia -con una tasa de 67 presos por cada 100.000 personas- también tiene la reputación de regirse por criterios de humanidad y de decencia. En los últimos años, aunque no haya descendido la tasa de delitos, ha descendido progresiva y notablemente la población encarcelada. La misma tendencia se observa en Finlandia y en Holanda. Y ello ha traído consigo la decisión de cerrar cárceles, lo que, a su vez, ha aumentado las peticiones de otros países para alquilarlas y trasladar allí a cientos de presos.

Es decir, el número de cárceles no depende tanto de la tasa de delitos, sino de la forma de afrontarlos que tiene cada estado. Volviendo al caso sueco, fue el primer país en introducir los brazaletes electrónicos, incluso ante los delitos más graves, las penas apenas exceden los 10 años de cárcel, los jueces minimizan al máximo el paso por prisión y se generalizan las medidas de trabajos comunitarios, que se han probado más efectivas a la hora de reducir la reincidencia. Es una política de Estado, que tiene un impacto positivo y que puede considerarse como parte de una identidad nacional y motivo de orgullo. Sus ciudadanos se preguntan a menudo: ¿Si Suecia dejara a un lado este enfoque, podría seguir siendo Suecia?

Por contra, en los países anglófonos, y especialmente en Inglaterra y Gales -con 148 presos por cada 100.000 personas- el Partido Conservador, actualmente en el Gobierno, ha anunciado nuevas medidas que van en sentido contrario: con el lema de «mano dura contra el delito» como bandera, todos los presos deberán vestir uniforme, tendrán acceso limitado a la televisión y al contacto exterior. Al mismo tiempo, se plantean confluir con el modelo estadounidense moviéndose hacia la privatización total de las prisiones.

El «control del delito» y la «industria de las cárceles» son un negocio millonario. En el modelo estadounidense, las asociaciones de funcionarios de prisiones donan millones de dólares a los políticos que fomentan el complejo industrial de las cárceles y se enfrentan a quienes quieren cambiar de política. Empresas de seguridad privada, industria electrónica, constructoras, empresas de catering e, incluso, compañías telefónicas tienen enormes intereses y dividendos en el sector. En Europa este modelo no está tan desarrollado pero está llegando a ciertos países. Lo que sí ha llegado, aunque todavía no sea una práctica generalizada, es la política de alquilar cárceles en países que las están cerrando para «exportar» a cientos de presos. Hace tiempo que en el modelo estadounidense es normal, por ejemplo, que Puerto Rico «exporte» anualmente 500 presos a la cárcel Cimarron de Oklahoma. Hace diez años, Austria, de la mano del ministro de Justicia colocado por el partido ultraderechista FPO de Jörg Haider, quiso financiar cárceles en Rumania y deportar a todos los presos rumanos. La idea fue duramente criticada dentro de la UE.

No obstante, hasta hace unos días -acaba de anunciar su intención de no prorrogar el contrato- Bélgica pagaba a Holanda 30 millones de euros al año por el alquiler de la cárcel de Tilburg, para enviar allí a 650 prisioneros. Y un país como Noruega, hoy gobernado por los conservadores, planteó en diciembre pasado a Suecia alquilarles sus cárceles, a lo que el Gobierno de izquierdas sueco se negó. Ello no ha hecho desistir de sus intenciones a Noruega: hace dos meses propuso a Holanda el alquiler de sus cárceles, aunque no sea un país de vecindad inmediata, de que sea miembro de la Unión Europea y de que tenga un idioma diferente.

Tras reconocer haber hecho un «buen negocio» con Bélgica, el secretario de Estado para las prisiones de Holanda informó al Parlamento de su país que «Noruega tiene déficit de plazas y nosotros superávit», dando a entender que sería un acuerdo win-win, con el que ambos estados ganarían. Pero, ¿a qué precio?, ¿al de perder decencia y humanidad?