«El mismo día en el que firmábamos un convenio para los próximos dos años nos encontramos con el cierre de la planta. A las once se firmó y a las cinco nos comunicaron que nos quedábamos en la calle». José, trabajador de la embotelladora de Coca-Cola en Fuenlabrada, aguarda embutido en una camiseta roja a que sus compañeros despleguen la pancarta frente al Supremo. Han pasado cerca de 15 meses desde que la multinacional aprobó un ERE que dejaba en la calle a un millar de personas, sumado a prejubilaciones y traslados forzosos, además de cerrar cuatro plantas (Fuenlabrada, Palma de Mallorca, Alicante y Asturias). Y eso que los balances presentaban amplios beneficios.

Finalmente, 278 de ellos, la mayoría empleados de la fábrica madrileña, se han convertido en símbolo de resistencia contra los abusos de las grandes compañías. Por la vía de la movilización, con cientos de marchas; por la de la obstinación, con un campamento plantado frente a la fábrica para evitar que se desmantele; y por la judicial, con una sentencia y varios autos favorables de la Audiencia Nacional española. Su larga batalla les ha convertido en «los 300 espartanos de Coca-Cola», en referencia a los combatientes bajo las órdenes de Leónidas que, en condiciones de abierta desigualdad, protegieron Esparta del ejéricto persa en la batalla de las Termópilas.

En este caso, y pese a que una sentencia firme así lo ordenaba, todavía no han regresado a su puesto. Por eso la última palabra la tiene el Alto Tribunal. La Sala de lo Social se reúne hoy y está previsto que aborde la cuestión. Aunque el fallo se demorase, los afectados esperan que, al menos, se haga pública una decisión que ratifique la obligación de ser readmitidos, tal y como ya ordenó la Audiencia Nacional hace meses.

«No buscábamos ser símbolo de nada. Empezamos como cualquier trabajador, defendiendo su puesto de trabajo», explica Juan Carlos Asenjo, portavoz de CCOO en la planta de Fuenlabrada. Casualidades del destino, al mismo tiempo que ayer el medio centenar de empleados se concentraba en la plaza ubicada frente al Supremo, la mayoría de la prensa aguardaba en una de las calles adyacentes, por donde iba a acceder Manuel Chaves, expresidente de la Junta de Andalucía (PSOE), para declarar como imputado en el fraude de los EREs. Dos caras de la misma moneda de un Estado en profundísima crisis.

«Tanto el embotellador, Iberia Partner, como su matriz, Coca-Cola, no daban soluciones de empleo y los trabajadores de Fuenlabrada nos íbamos directamente al paro», indica. Lo que empezó como una protesta laboral trascendió al resto de la sociedad. Tras dos meses de huelga llegaron los despidos. Y, con ellos, un llamamiento al boicot a los refrescos que, pese a que la empresa asegura no haber notado, ha tenido un amplio eco mediático en Madrid.

El «campamento dignidad»

«La sentencia de junio (la que les daba la razón), llevó al conflicto a una fase de resistencia. Se trata de que el Supremo dicte jurisprudencia y el fallo afecte a todos los trabajadores», argumenta el sindicalista, que denuncia el «libertinaje» de las grandes multinacionales.

Que la Audiencia Nacional diese un palo a Coca-Cola no movió un ápice a la empresa. Por eso, desde entonces se puso en pie un campamento frente a las instalalaciones de Fuenlabrada. «No sería la primera vez que te desmontan la fábrica y, aunque te den la razón, tu puesto ya no exista», asegura José, que todavía recuerda los golpes recibidos por la Policía española cuando trataron de impedir el acceso a trabajadores externos.

Mantienen la cabaña, de apenas 30 metros cuadrados, siguiendo los turnos de la fábrica en la que deberían estar trabajando. Allí recibieron la noticia, en abril, de que la Justicia obligaba a la empresa a pagarles lo adeudado, después de llevar desde el mes de octubre sin siquiera acceso al paro.

Sus penurias podrían concluir hoy. Aunque tampoco hay gran confianza en una sala con mucho componente político.