El polémico texto, que desde diversos sectores ha sido tildado de «liberticida», ha contado con el respaldo de la mayor parte del gubernamental PSF y de la UMP, las dos principales formaciones del arco parlamentario.

El nuevo texto pretende poner al día una ley que data de 1991 y que regula las escuchas telefónicas, el seguimiento de internet pero también otros tipos de espionaje, como el uso de instrumentos para localizar vehículos y personas.

También autoriza el uso de micrófonos escondidos, cámaras ocultas y programas espía.

Además, el Gobierno francés tendrá la posibilidad de reclamar datos a las operadoras de internet para analizar el flujo de tráfico que permita detectar una presunta «amenaza terrorista».

Tras el ataque contra ‘Charlie Hebdo’

La ley había iniciado su trámite parlamentario pocos días después de los atentados que sufrió París en enero pasado, pero Valls señaló que llevaban dos años trabajando en ella.

El texto ha sido muy criticado también por asociaciones de magistrados, que consideran que se deja fuera del ámbito judicial el seguimiento de los sospechosos.

La ley prevé la creación de una comisión, compuesta de magistrados del Consejo de Estado y del Constitucional, además de parlamentarios, para controlar la pertinencia de esas escuchas y seguimiento.