Creo que ellos temen a (el presidente turco, Recep Tayip) Erdogan más que a Dios. He oído a gente que apoya al Partido Justicia y Desarrollo (AKP) decir que Dios olvida, pero él (Erdogan) no». Las palabras del colíder kurdo del HDP, Selahattin Demirtas, reflejan un atávico problema que parece renacer en el Estado turco: el miedo. Esta sensación, habitual en los regímenes de baja calidad democrática, ha rebrotado con fuerza en Anatolia desde que estalló, el 17 de diciembre de 2013, la mayor trama de corrupción en el seno del AKP. Desde entonces, numerosas leyes para controlar la Justicia, las redes sociales y los comentarios contra el Ejecutivo han sumido al país en el caos represivo; unos pasos que amenazan con enterrar el aperturismo democrático iniciado tras el histórico triunfo electoral del AKP en 2002. La razón oficial de este viraje autoritario es el «Estado paralelo» de Fetulá Gülen, pero incluso los estudiantes de secundaria se han visto afectados por esta caza de brujas.

«La percepción de que el cambio autoritario de Erdogan está directamente vinculado al Cemaat (movimiento, en turco) de Gülen no se ajusta a la realidad. Erdogan consolidó su poder en los primeros años y desmanteló el antiguo régimen para hacer una serie de regulaciones a las que llamó “movimiento democrático”. Pero cuando el Estado paso a ser su instrumento destapó su verdadera cara, poniendo en el medio un islam autoritario. En la lucha con el Cemaat ha vuelto a mostrar su verdadera cara», asegura Fatih Yasli, experto universitario y autor de un libro sobre las relaciones entre el movimiento de Gülen y el AKP.

Red religiosa

Gülen es un autoexiliado clérigo suní que controla desde Pensilvania (EEUU) una red religiosa con influencia en más de 100 países. Durante los años 70, a través de sus centros de enseñanza, consiguió adeptos para expandir sus doctrinas musulmanas sufíes. Su entramado creció aún más en los ocehnta: empresas editoriales, textiles y constructoras. Cuando el AKP alcanzó el poder, Gülen y Erdogan construyeron una interesada amistad para eliminar la influencia del Ejército en el Estado turco. Para ello, tejieron un sistema judicial partidista que se dedicó a perseguir a quienes oprimieron a los islamistas y. en general, a los musulmanes.

En 2010, cuando la sombra de Gülen se proyectaba ya sobre importantes parcelas del Estado, empezaron a fijarse el uno en el otro. El movimiento que detonó la guerra fue la decisión del AKP de cerrar los centros de enseñanza del Cemaat, su principal fuente de ingresos y captación. Esto sucedió en setiembre de 2013. Tres meses después, los fiscales cercanos a Gülen destaparon la mayor trama de corrupción del AKP, en la que aparecieron los nombres de varios ministros y el del propio Erdogan.

Cientos de comprometidas grabaciones para el AKP fluían entonces por Internet, pero a Erdogan no le tembló el pulso con el qué dirá la opinión publica: cerró temporalmente varias redes sociales y comenzó una purga en la Policía y la judicatura. En el Parlamento, en un síntoma de la deriva antidemocrática, su partido vetó investigar la trama de corrupción.

Yasli reconoce que el Estado paralelo de Güllen es una realidad, pero matiza que «no se puede acabar con él removiendo fiscales y policías. No es, o era, el estilo del AKP».

El acoso a la prensa

El Ejecutivo no se detuvo ahí. A finales del pasado año comenzó a estrechar el cerco sobre los medios de comunicación cercanos al Cemaat. El diario “Zaman”, el de mayor tirada en Anatolia, ha denunciado la persecución institucional. El jefe de Samanyolu TV, Hidayet Karaca, lleva encarcelado desde el 14 de diciembre. Precisamente este caso ha expuesto que la Justicia es independiente hasta donde lo consiente Erdogan. Una corte de Estambul liberó a Karaca y, pocas horas después, el presidente clamó contra el «Estado paralelo» y otra corte judicial le mandó de nuevo a prisión.

En el marco de esta dinámica, el AKP ha oprimido cualquier voz discordante, venga o no del Cemaat. Los medios de comunicación, cuya independencia es cuestionable por la influencia de empresarios de la construcción afines a Erdogan, ya sufrieron el acoso institucional en Gezi. El último informe de Reporteros Sin Fronteras sitúa al Estado turco en el puesto 149 de 180 países, una ligera mejoría en el país que hasta hace un año tenía más periodistas encarcelados.

Armas a Siria

A pesar de ello, la tensa campaña electoral ha vuelto a exhibir la intolerancia del Ejecutivo. Erdogan primero arremetió contra el “New York Times” por un crítico editorial sobre la presión a los medios. Luego, en caso que va más allá de la libertad de prensa, interpuso una querella criminal contra Can Dündar, el director del diario opositor “Cumhuriyet”. El conflicto ha llegado tras una serie de imágenes de las fuerzas de seguridad revisando unas cajas con armamento para los rebeldes sirios. Las instantáneas pertenecen a un camión de la inteligencia turca que los acólitos de Gülen pararon en enero de 2014 para demostrar la colaboración del Ejecutivo con la oposición al presidente sirio, Bashar al-Assad. Erdogan advirtió a Dündar del «alto precio» que pagaría y, a los pocos días, los fiscales han pedido cadena perpetua contra él por traición y complicidad con el «Estado paralelo».

Controvertidas leyes

A pesar de las pruebas de corrupción y las revueltas de Gezi, el electorado volvió a respaldar a Erdogan. El AKP ganó las elecciones locales y en los primeros comicios presidenciales de la historia Erdogan no necesitó la segunda vuelta. Esto envalentonó aún más al presidente. Su deriva política, cada vez más intransigente, buscó apuntalar el control sobre la sociedad. Para ello, el AKP ha aprobado una serie de leyes destinadas a reducir las competencias de la Justicia. Las más importantes, criticadas por la oposición, han sido la ley de Internet, que permite bloquear contenidos en la red sin una autorización judicial, y la ley de Seguridad, un coral de artículos para reforzar el uso legal de la fuerza.

El AKP ha refrendado estas leyes con la mayoría absoluta que ostenta. La tensión en el Parlamento estalló cuando se discutía el proyecto de la ley de Seguridad –hoy ya en vigor–. Los diputados acabaron a puñetazos en un síntoma inequívoco de la impotencia que siente la oposición ante lo que denominan un Estado policial. Esta disposición comenzó a tomar forma en octubre, cuando una violenta ola de protestas relacionada con el asalto del Estado Islámico a la ciudad kurda (siria) de Kobane sacudió Kurdistán norte. Los kurdos han repetido desde entonces que es un obstáculo para el proceso de diálogo con el PKK. A pesar de ello, el AKP ha seguido adelante.

Esta ley, que para Human Rights Watch supone la ruptura de la división de poderes, permite efectuar registros y detenciones sin autorización judicial. También autoriza el uso de armas letales si los atacantes portan cualquier objeto considerado peligroso y, además, incrementa las penas por participar en manifestaciones o por hacer propaganda considerada ilegal. Una realidad que, como anunció el Ejecutivo tras los disturbios del 1 de mayo, ya se está aplicando.

«Si tras las elecciones del 7 de junio el AKP vence con rotundidad y se instaura el sistema presidencialista ansiado por Erdogan puede que vuelvan las revueltas a Gezi y también serios movimientos insurgentes a la región kurda. Entonces, en una situación envuelta por las revueltas, no sería una sorpresa que Erdogan utilizase la fuerza porque tiene el respaldo de la Ley», augura Yasli.

Estas medidas se unen al creciente bloqueo de Internet y al abuso de las leyes que criminalizan los insultos a funcionarios. Al menos 70 personas han sido procesadas por 'insultar' a Erdogan desde que llegó a la presidencia. Entre ellas, un estudiante menor de edad. La principal duda de esta oleada intimidatoria es qué sucederá si Erdogan consiguiese en los comicios la mayoría para imponer su sistema. Estas acciones autoritarias las ha tomado con un poder coartado por la Constitución. Fatih Yasli no se muestra esperanzado y aventura que «lo más probable es que el AKP amañe las elecciones. Si el Estado turco pasase a ser un sistema presidencialista la maleza democrática se destaparía y se establecería un régimen dictatorial. Esto sería una catástrofe”.