La ausencia de EH Bildu y Podemos convirtió en un monólogo la sesión de Juntas Generales en que se presentó el informe elaborado por la actual Diputación para contrarrestar los dictámenes de la anterior sobre el llamado «caso Bidegi». Ambos grupos se desmarcaron así de lo que entienden como una acción propagandística del Ejecutivo de Markel Olano, toda vez que no se les han facilitado estos informes para su análisis y que PNV y PSE se oponen totalmente a una comisión de investigación.

Así las cosas, para EH Bildu y Podemos lo coherente sería una investigación seria –en los tribunales y/o en las Juntas– con datos sobre la mesa, y no la escenificación constante de que en este asunto hay dos versiones enfrentadas. Básicamente a ello se redujo la sesión de ayer. José María Sarasola, Agustín López y Eduardo Garcia de Guinea, presentados como técnicos aunque el primero fue ya director de Carreteras en la Diputación de Roman Sudupe, aseguraron que los estudios en que se basaron las dos querellas en la legislatura anterior contienen «imprecisiones, omisiones y mediciones inventadas que desvirtúan totalmente sus conclusiones».

Frente a estos informes actuales que solo abordan parte de las denuncias (la cuestión de los supuestos 900.000 metros cúbicos de tierra, primera en desvelarse, sigue analizándose) están los que elaboró la empresa externa Ingeotyc por encargo de la anterior Diputación de Bildu. De ellos se desprenden pagos de Bidegi a las constructoras de hasta 30 millones de euros sin justificación, casi siempre por obras no realizadas o con facturaciones que engordan artificialmente la realidad. Y parte de ellas en Araba, con irregularidades que han sido certificadas por la anterior Diputación del PP.

PSE y PP tienen dudas

Tras las explicaciones, el PNV concluyó que las querellas «no están bien armadas jurídicamente», pero no pareció convencer a PSE y PP. Petri Romero (PSE) dijo que su partido respetará las decisiones del Juzgado de Azpeitia y reclamará luego responsabilidades políticas.

Para Juan Carlos Cano (PP), está claro que aquí hay «corrupción política y económica» en algunos de los dos lados en litigio, porque «no puede ser verdad una cosa y la contraria».