La norma foral aprobada ayer permite publicar la lista de morosos con Hacienda que cumplan dos condiciones: que los importes pendientes superen el millón de euros y que haya transcurrido el periodo voluntario de pago sin que las deudas se encuentren aplazadas fraccionadas o suspendidas.
Estas dos condiciones reducen significativamente la cantidad de contribuyentes que podrían aparecer consignados, restando virtualidad a la modificación. Así lo denunciaron en el pleno los portavoces de EH Bildu y Podemos-Ahal Dugu. El portavoz de EH Bildu, Xabier Olano, consideró que la medida suponía «un pequeño avance», aunque el alto límite definido restaba eficacia a la reforma.
El portavoz de Podemos-Ahal Dugu, Juantxo Iturria, consideró la modificación como «una gran operación de maquillaje», puesto que deja fuera a la mayoría de los morosos, limita la publicación de la lista a tres meses y, además, sin posibilidad de búsqueda en internet. Con estas razones justificó el voto negativo de su grupo
Garantías jurídicas
El diputado de Hacienda, Jabier Larrañaga (PNV), sustentó la asunción de la modificación aprobada por el Gobierno español el pasado año en que así la norma foral ofrecerá garantías jurídicas. En el mismo sentido se pronunció la portavoz del PNV, Maria Eugenia Arrizabalaga, que fió a futuras iniciativas otras propuestas de mejora.
El juntero del PSE Julio Astudillo aplaudió la medida y consideró que se trata de un arma contra el fraude fiscal que incide en la prevención y la educación.
El portavoz del PP, Juan Carlos Cano, también defendió la modificación como una medida dirigida a luchar contra el fraude fiscal y valoró positivamente que se hubiera armonizado con las variaciones aprobadas por el Estado.
A finales del pasado año el Ejecutivo español publicó la primera lista de morosos en la que aparecían 4.855 contribuyentes, la mayoría de ellos –4.510– eran empresas –93% del total–. La deuda sumaba 15.600 millones, de la que el 96% correspondía a empresas, muchas de ellas en situación de quiebra.
Transparencia total en Finlandia
Finlandia aparece todos los años en los primeros puestos del Índice de Percepción de la Corrupción de la Organización para la Transparencia Internacional.
Una de las razones por las que mantiene unos bajísimos índices de corrupción se encuentra en la transparencia con la que Finlandia trata los datos fiscales de todos sus habitantes. Cuenta con un servicio por el que se pueden conocer los ingresos declarados por cualquier persona, no importa que se trate de un magnate o esté cobrando el desempleo.
Esta apuesta por la transparencia reduce significativamente la corrupción, pero choca frontalmente con la doctrina que prima la protección del derecho a la intimidad y que se ha impuesto en los últimos años en la Unión Europea y en el mundo. De hecho, este sistema entra en contradicción con varias normas de la Unión Europea sobre la protección de datos de carácter personal, pero esta circunstancia no parece que importe mucho en Finlandia, que puede presumir de ciudadanos honrados. IE