La decisión judicial, adoptada por el magistrado Itagiba Catta Preta Neto, del Tribunal Federal de Brasilia, deja sin efecto el acto en el que Lula ha prestado juramento este mismo jueves ante Rousseff hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el caso.

En su decisión, el magistrado sugiere que Rousseff podría haber cometido un delito y argumenta que, si Lula asume el cargo de ministro, tendrá poder para realizar una «intervención indebida y odiosa» en la Policía, la Fiscalía y el poder judicial.

La decisión del juez responde a una demanda de los partidos de la oposición, que habían fundamentado su petición en las causas abiertas por la justicia contra Lula, investigado en diversos procesos y acusado formalmente de los delitos de enriquecimiento ilícito, blanqueo de dinero y falsificación de documentos.

En su resolución, el juez también señala que Rousseff podría haber incurrido en un delito de «responsabilidad» al nombrar a Lula, puesto que la ley impide al presidente de la República cometer actos contra «la probidad» de la administración pública.

Los delitos de «responsabilidad» son uno de los motivos por los que la Constitución permite realizar un juicio político con el objetivo de destituir el jefe del Estado.

En este sentido, el juez ordena que se informe de los hechos a la Procuraduría General del Estado y al presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, autoridad competente para impulsar los juicios políticos.

La Cámara de Diputados ha decidido reanudar hoy mismo el trámite de un posible juicio político a Rousseff, tras conocerse ayer miércoles unas grabaciones comprometedoras de conversaciones entre la presidenta y Lula.

Las grabaciones hechas con orden judicial generan la sospecha de que de Rousseff designó a Lula ministro para demorar el proceso judicial contra el expresidente.