El documento, que hoy ha hecho público el Gobierno de Lakua, que señala que el nivel de la economía sumergida en estos tres territorios es similar a la media de Europa y unos 5 puntos menor que el del conjunto del Estado español.

Este informe calcula el fraude derivado de la economía sumergida, pero deja fuera otros asociados a la «ingeniería fiscal», a «deslocalizaciones ficticias de beneficios» y rentas en el exterior no declaradas, incluidas las de paraísos fiscales, entre otras cuestiones. Por ello, los autores –Ignacio Zubiri, Javier Fernández-Macho y Carmen Gallastegi– alertan de que el nivel «real» de fraude es mayor que el asociado únicamente a la economía sumergida.

Su impacto real en la recaudación de impuestos alcanza los 3.700 millones al año, entre los gravámenes que van para las arcas del Estado y para las haciendas forales, que gestionan el 60% de estos impuestos y son, por tanto, las más castigadas al dejar de ingresar 2.320 millones cada año.

En el caso de las empresas, el fraude se sitúa por debajo del 8%, según el informe, que identifica como los sectores más defraudadores a la hostelería, la construcción y el transporte, aunque también cita a la educación privada.

En el caso de la industria el porcentaje es menor, del 7,3%, pero dado a que se trata de un sector de «gran peso» en la economía, reducirlo «sería importante». Se advierte en este sentido de que «buena parte» de ese fraude se comete en pymes «que actúan en sectores poco regulados».

En la CAV, entre 2012-2014, se detectó empleo irregular en el 19,6% de las inspecciones de trabajo. Ese empleo oculto se localizó fundamentalmente en hostelería, servicios profesionales y comercio, que concentraron el 55% de los casos.

La industria, la construcción y el transporte son por contra sectores con un nivel bajo de empleo oculto. En el caso de la agricultura el porcentaje de empleo oculto es muy alto el 41%, aunque se trata de un sector pequeño. También en el comercio la tasa de empleo irregular ronda esa cifra.

Entre sus recomendaciones, los expertos abogan por desarrollar una metodología para evaluar anualmente la eficiencia de las haciendas forales en la lucha contra el fraude, ya que ahora se mide esta eficacia a largo plazo, pero no a corto.

También se recomienda incluir en estas mediciones el fraude cometido mediante ingeniería fiscal y la ocultación de rentas en el exterior, así como la creación de un Observatorio del Fraude «independiente de las administraciones públicas».