Emilio García, portavoz del comité, ha ofrecido una rueda de prensa para informar de las «graves consecuencias económicas y sociales» que acarrea la decisión del organismo europeo EASA de no autorizar la excepcionalidad del aeropuerto guipuzcoano.

Estas normas de obligado cumplimiento no tienen en cuenta la declaración de excepcionalidad otorgada por los organismos españoles y exigen que la pista de Hondarribia establezca nuevos márgenes de seguridad –lo que implica acortar la actual pista– antes del 31 de diciembre de 2017.

Los trabajadores reclaman explicaciones «claras, concisas y transparentes» sobre los motivos que justifican esta nueva decisión, advierten del «impacto económico» que tendría el recorte de la pista y reclaman que se mantenga como está en la actualidad.

En el caso de que esto no fuera posible, Emilio García ha abogado por estudiar otras alternativas y ha recordado el proyecto para ampliar en 200 metros la pista del aeropuerto, 50 metros hacia el mar y 150 metros hacia el barrio de Mendelu. Una propuesta que en su día ya contó con una fuerte oposición vecinal por las afecciones que acarrearía.